Balance crítico del Plan de Salud de Canarias 2019-2023

BALANCE CRÍTICO DE CUMPLIMIENYTO, EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN 

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan dejó una arquitectura amplia —12 líneas estratégicas, 22 sublíneas y centenares de actuaciones— y una ficha financiera de 15,34 millones de euros. La evaluación final, emitida el 30 de junio de 2024, reconoce que la pandemia y otros problemas de gestión frenaron el despliegue. Su balance registra actividad y avances parciales, pero considera no cumplidos los objetivos generales de casi todas las líneas. La excepción que no debe maquillarse es coordinación entre dispositivos de salud mental, cuyo objetivo quedó “pendiente de cumplimentar”.

La pregunta sobre los 15 millones sigue abierta. La cifra fue anunciada oficialmente y está desglosada en el anexo financiero del Plan. Sin embargo, la evaluación final presentada no cita esa ficha, no informa de obligaciones reconocidas ni pagos y no compara previsión con gasto ejecutado. Por tanto, con esos documentos no se puede afirmar que la inversión se ejecutara íntegramente ni que se incumpliera: no es verificable.

La crítica principal es de rendición de cuentas: hay una evaluación de acciones, pero no una liquidación financiera completa ni una atribución pública, acción por acción, de quién debía ejecutar y quién ejecutó. Además, la tabla global de la propia evaluación contiene porcentajes que no cuadran con sus recuentos. El documento sirve para localizar avances y vacíos, pero no para certificar impacto poblacional ni cumplimiento financiero.

1. QUÉ SE EXAMINA Y CÓMO

Este informe contrasta tres documentos oficiales: el Plan de Salud Mental de Canarias 2019–2023; su evaluación final; y el anexo de ficha financiera, junto con anuncios institucionales de 2019. Se distingue entre presupuesto previsto, actividad o acción declarada, objetivo estratégico y resultado en salud. No se interpreta una acción iniciada como resultado logrado, ni un importe previsto como gasto pagado.

La evaluación clasifica actuaciones como cumplidas, parcialmente cumplidas/en proceso, no reportadas o no cumplidas. La matriz siguiente transcribe los porcentajes que publica para cada sublínea, en el orden indicado, y añade si la evaluación acredita beneficios poblacionales medidos por eje. No se interpreta una acción iniciada como resultado logrado, ni un importe previsto como gasto pagado. El informe afirma que hubo infraestructuras, aumento de recursos humanos y cambios organizativos, pero no presenta indicadores comparables de salud o bienestar que permitan atribuir a cada eje un beneficio poblacional cuantificado [1].

Criterio de lectura: convocar una reunión no basta para considerar ejecutada una intervención sustantiva ni para afirmar que la población recibió un servicio. Puede ser una actividad de coordinación si el Plan la define expresamente así, pero su cumplimiento debe probarse con acta, acuerdos, responsables, plazos y seguimiento; la implantación exige además evidencia del producto o servicio. En esta evaluación, que una actuación figure como activada o cumplida no debe confundirse con el logro de un cambio asistencial o poblacional. El informe evalúa acciones activadas “mediante algún tipo de actuación”, de modo que la trazabilidad del producto importa para juzgar qué significa el estado asignado [1].

2. LO QUE SE PROMETIÓ Y LO QUE SE PRESUPUESTÓ

El Gobierno de Canarias anunció el 18 de marzo de 2019 una ficha global de 15.339.398 euros para el Plan. La nota oficial repartía 4.249.398 euros en recursos humanos, formación y cuidado de profesionales y 11.090.000 euros en infraestructuras y equipamiento. También comunicó que el Plan contemplaba contratar 106 profesionales. El anuncio posterior sobre atención infantojuvenil precisó que la ficha se distribuía por anualidades hasta 2023 [3,4].

La ficha original, sin embargo, incluye 2018 como antecedente: toma como referencia el gasto que ya se venía realizando ese año. En la tabla aparecen 1.510.635 euros en 2018 y 13.828.763 euros previstos para 2019–2023. Esto obliga a no presentar los 15,34 millones como una suma íntegramente nueva gastada durante los cinco años de vigencia. El propio anexo indica que la financiación era adicional al presupuesto anual ordinario de salud mental del SCS [2].

3. QUÉ EVALUÓ LA EVALUACIÓN FINAL

El documento final se fechó el 30 de junio de 2024 y su publicación en la página del Plan aparece fechada el 10 de abril de 2026. El Plan había previsto seguimiento y evaluación bienales; la evaluación final menciona un informe preliminar de agosto de 2021. Esta secuencia muestra que hubo un trabajo intermedio, pero la rendición final completa se hizo disponible tarde para el debate público posterior al periodo del Plan [1,5].

La evaluación informa que 73% de las líneas se activaron y presenta resultados para 679 actuaciones. En su resumen global publica 22% cumplidas, 21% parcialmente cumplidas/en proceso, 4% no reportadas y 53% no cumplidas. Esos porcentajes no reproducen exactamente los recuentos que aparecen junto a ellos: por ejemplo, 155 de 679 equivalen aproximadamente a 22,8%, no a 22,39%; y 131 de 679, a 19,3%, no a 20,62%. El informe debe corregir o explicar ese descuadre antes de usar el porcentaje total como cifra consolidada [1].

El informe atribuye el freno a la pandemia —restricciones a actividad presencial e intersectorial—, disponibilidad presupuestaria, cambios frecuentes en la dirección y dificultades de coordinación. Son explicaciones relevantes y explícitas de la evaluación. Pero el documento no cuantifica cuánto retraso o cuántas acciones se explican por cada causa, ni ofrece un contrafactual que permita medir qué habría ocurrido sin esos obstáculos [1].

4. CUMPLIMIENTO DECLARADO POR CADA EJE

Porcentajes de actuaciones en este orden: cumplidas / parcialmente cumplidas / no reportadas / no cumplidas. La última columna indica si el informe mide un beneficio poblacional atribuible al eje; “no cuantificado” significa que la evaluación publicada no aporta ese resultado, no que el Plan careciera de utilidad.

Lectura del cuadro. Los avances más altos en actuaciones completas aparecen en salud física de personas con trastorno mental grave, trastornos de personalidad y prevención de conducta suicida. En el extremo más rezagado están coordinación con Justicia (ninguna actuación completada), personas mayores, sistemas de información, salud mental y género y atención infantojuvenil, donde predominan actuaciones no cumplidas. En todos los ejes, el beneficio poblacional no queda cuantificado ni atribuido en la evaluación. El informe sí menciona globalmente la habilitación de infraestructuras asistenciales, el aumento de personal y cambios organizativos, pero no vincula esos avances a cambios medidos en síntomas, funcionamiento, calidad de vida, acceso oportuno, suicidio u otros resultados de población por eje. Por tanto, la puntuación de actuaciones no debe presentarse como porcentaje de beneficio obtenido [1].

La evaluación califica como “no cumplido” el objetivo general de casi todas las líneas; la sublínea 10.4 figura como “pendiente de cumplimentar”. Por tanto, que haya actuaciones completadas dentro de un eje no significa que el objetivo general se considere alcanzado [1].

5. QUIÉN EVALUÓ Y QUIÉN DEBÍA EJECUTAR

La evaluación identifica un comité compuesto por Lilisbeth Perestelo Pérez, jefa del Servicio de Evaluación y Planificación del SCS; Miguel Ángel Hernández Rodríguez, de la Unidad de Apoyo al Plan del SCS; y las investigadoras de FIISC Yolanda Ramallo Fariña, Lidia García Pérez y María del Mar Trujillo Martín. El documento fue firmado por la jefatura del Servicio de Evaluación y Planificación. Dos integrantes pertenecían al propio SCS y tres trabajaban en FIISC. La evaluación es técnica, pero no fue externa a las instituciones del sistema sanitario canario [1].

El grado de independencia merece una reserva explícita. FIISC es una fundación pública promovida por la Consejería de Sanidad y el SCS, coordina investigación en ese entorno y trabaja dentro de las políticas sanitarias autonómicas. En la composición institucional que publica actualmente, la Consejera de Sanidad preside su Patronato y el director del SCS lo vicepreside, junto con varios altos cargos del Servicio. Este vínculo no demuestra por sí solo que el análisis técnico estuviera sesgado ni permite inferir un conflicto personal de sus investigadoras. Sí significa que no debe presentarse como una evaluación independiente del organismo evaluado. El informe no describe una revisión externa, garantías de independencia, declaración de conflictos de interés ni una validación por un equipo ajeno al SCS/FIISC; por ello, esos aspectos no pueden darse por acreditados [7,8].

El Plan fue concebido como intersectorial y la ejecución correspondía a las estructuras y administraciones implicadas: SCS, Atención Primaria, salud pública, servicios sociales y otros sectores según cada acción. Sin embargo, la evaluación no ofrece una matriz completa que vincule cada acción con responsable nominal, unidad ejecutora, presupuesto individual y evidencia verificable. Así, no es posible atribuir con rigor “quién hizo” cada actuación ni pedir cuentas acción por acción basándose solo en este informe [1,5].

6. LA INVERSIÓN DE 15,34 MILLONES: ANUNCIO CONFIRMADO, EJECUCIÓN NO DEMOSTRADA

La existencia del anuncio queda confirmada por dos fuentes del Gobierno de Canarias: la nota de aprobación del Plan de marzo de 2019 y la información sobre la dotación infantojuvenil publicada en febrero de ese año. La ficha financiera original aporta el desglose por años, capítulos y grandes ámbitos de actuación [2–4].

Pero el informe de evaluación presentado no cita esa ficha financiera, no compara presupuesto previsto con gasto real y no publica crédito definitivo, modificaciones, compromisos, obligaciones reconocidas ni pagos. Tampoco permite verificar si se contrataron los 106 profesionales anunciados ni si las infraestructuras previstas se completaron con los fondos de la ficha. En consecuencia, la inversión ejecutada queda sin demostrar en la evaluación; el dato de 15.339.398 euros debe etiquetarse como financiación planificada/anunciada.

Para cerrar esta cuestión, la Consejería/SCS debería publicar una liquidación anual 2018–2023, separando capítulo I y capítulo VI y detallando, para cada actuación, crédito inicial y definitivo, obligaciones reconocidas, pagos, remanentes, modificaciones y fuente de financiación. También debe aclarar cómo se computó 2018, que la propia ficha presenta como referencia de gasto previo.

7. BALANCE CRÍTICO Y CUESTIONES PENDIENTES

Planificación ambiciosa, control débil. El Plan define líneas, objetivos e indicadores, pero la evaluación no ofrece suficiente trazabilidad financiera y de responsabilidad para reconstruir el ciclo completo de cada acción.

La demora redujo la utilidad pública. Aunque hubo evaluación preliminar en 2021 y la evaluación final se emitió en junio de 2024, su difusión en la página oficial figura en abril de 2026. Una rendición tardía dificulta corregir el rumbo durante la vigencia y debatir sus resultados con oportunidad.

Actividad no equivale a suficiencia asistencial. La evaluación no permite concluir, por sí sola, que se alcanzaran tiempos de espera adecuados, continuidad terapéutica, cobertura equitativa entre islas o mejores resultados de salud.

El presupuesto anunciado no está conciliado. Sin ejecución por anualidad y capítulo, la afirmación de que se invirtieron 15 millones no está demostrada; tampoco hay base suficiente para afirmar que se gastó menos.

La evaluación requiere revisión aritmética. Las inconsistencias en porcentajes globales no invalidan automáticamente los datos de cada sublínea, pero obligan a publicar una fe de erratas o una tabla recalculada desde los numeradores y denominadores originales.

Responsables y evidencia deben ser públicos. Una reunión aislada acredita, como máximo, que hubo una reunión. Para calificarla como acción cumplida hay que comprobar el acta y los acuerdos; para afirmar que se ejecutó, verificar productos, servicios o cambios organizativos puestos en marcha; y para atribuir beneficios, medir resultados en la población. La evaluación debería publicar esa cadena de evidencias junto a cada actuación.

8. CONCLUSIONES Y MEDIDAS PARA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS COMPLETA

El Plan generó estructura de trabajo, líneas de actuación y una previsión financiera relevante. La evaluación reconoce acciones realizadas y parcialmente realizadas, pero también concluye que no se cumplieron los objetivos generales de prácticamente todos los ejes y que varios ámbitos quedaron muy rezagados. El balance no puede resumirse en “se cumplió” por el hecho de que el Plan estuviera activo ni en “no se hizo nada”: el propio informe documenta ambas cosas, avances y déficits.

La conclusión más firme sobre el dinero es limitada pero importante: se anunció una ficha de 15,34 millones y se publicó un desglose previsto; la evaluación final no acredita la ejecución. La conclusión más firme sobre gobernanza es que hubo un comité técnico identificable, pero no una auditoría independiente declarada ni una trazabilidad pública completa de los ejecutores de cada acción.

Antes de presentar el balance como definitivo, el Gobierno debería: (1) corregir los porcentajes globales de la evaluación; (2) publicar la liquidación presupuestaria anual y su vínculo con las actuaciones; (3) identificar unidades responsables y evidencias por acción; (4) aclarar el cumplimiento de la meta de 106 profesionales y el estado de infraestructuras; y (5) evaluar resultados asistenciales y desigualdades territoriales, además de contar actuaciones. Estas medidas permitirían diferenciar con claridad lo anunciado, lo ejecutado y lo que cambió en la atención y la salud de la población.

[7] Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC). “Fundación” y composición del Patronato. https://iiscanarias.org/fundacion/

[8] Gobierno de Canarias, Portal de Transparencia. Ficha de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias; entidad promovida por la Consejería de Sanidad y el SCS. https://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha-fundaciones-publicas/?ou=41614

Bibliografía

[1] Servicio Canario de la Salud, Dirección. Evaluación del Plan de Salud Mental de Canarias 2019–2023. Fecha de emisión: 30/06/2024; publicación en la página del Plan: 10/04/2026. https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/f557e2c9-34d2-11f1-850e-a727eaa6d64b/PSMC_informe_evaluacion.pdf

[2] Servicio Canario de la Salud. Plan de Salud Mental de Canarias 2019–2023. Anexo 1, Ficha financiera. https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/33bcc2aa-4a23-11e9-a594-ef2deb87e27d/PSM_06_Anexos_Ficha_financiera.pdf

[3] Gobierno de Canarias. “El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Salud Mental cuyo presupuesto es de 15,3 millones”, 18/03/2019. https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-de-canarias-aprueba-el-plan-de-salud-mental-cuyo-presupuesto-es-de-153-millones/

[4] Gobierno de Canarias. “Sanidad destinará más de 4 millones de euros a aumentar los recursos de atención a la salud mental infanto-juvenil”, 19/02/2019. https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/sanidad-destinara-mas-de-4-millones-de-euros-a-incrementar-los-recursos-de-atencion-a-la-salud-mental-infanto-juven/

[5] Servicio Canario de la Salud. Plan de Salud Mental de Canarias 2019–2023. Capítulo V, Evaluación y seguimiento. https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/236b0dd9-4a23-11e9-a594-ef2deb87e27d/PSM_05_Evaluacion_y_Seguimiento.pdf

[6] Servicio Canario de la Salud. Plan de Salud Mental de Canarias 2019–2023, documento completo. https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/d7a0d910-4973-11e9-910b-f705e6f363c5/PSMC_completo.pdf