El informe está fechado el 30 de junio de 2024; se publicó en la página del Servicio Canario de la Salud el 10 de abril de 2026. Ese desfase importa: la evaluación del Plan de Salud Mental 2019–2023 estuvo disponible para el debate público mucho después de terminar el período que examinaba. El documento menciona una evaluación preliminar de agosto de 2021, pero el balance final llegó tarde para corregir el rumbo del Plan durante su vigencia.

La evaluación atribuye las dificultades a la pandemia, la reducción de actividades presenciales, los problemas para coordinar actuaciones entre sectores, la disponibilidad presupuestaria y los cambios en la dirección sanitaria. Son factores importantes, y el informe los expone con claridad. Pero no calcula cuánto retrasó cada uno ni qué actuaciones concretas quedaron pendientes por esas causas. Explicar las dificultades no sustituye a detallar quién debía actuar, qué hizo y qué resultado obtuvo.

El balance oficial afirma que se activó el 73 % de las líneas estratégicas; el 22 % de las actuaciones aparece como cumplido y el 21 % como parcialmente cumplido. Sin embargo, la tabla global presenta porcentajes que no concuerdan con algunos de sus propios recuentos. Sobre un total de 679 actuaciones, 155 representan aproximadamente el 22,8 %, no el 22,39 % publicado; 131 representan alrededor del 19,3 %, no el 20,62 %. Antes de tomar esos porcentajes como una medida cerrada del cumplimiento, el Servicio Canario de la Salud debería aclarar o corregir la tabla.

También hay que preguntarse qué significa exactamente “cumplir”. Una reunión puede ser necesaria para coordinar equipos, pero no demuestra por sí sola que se haya puesto en marcha una intervención o que haya mejorado la atención. Si el Plan contempla una reunión como actividad, su celebración puede acreditarse con un acta; para demostrar que la acción se ejecutó hacen falta acuerdos, responsables, seguimiento y productos concretos. Y para afirmar que hubo un beneficio para la población se necesitan indicadores de acceso, continuidad asistencial, bienestar o salud. La propia evaluación reconoce que muchas actuaciones se valoraron por haberse activado “mediante algún tipo de actuación”. Ese criterio exige mostrar con precisión qué se hizo, no solo que hubo actividad.

El desarrollo fue desigual. La evaluación señala que no se iniciaron acciones concretas en coordinación entre salud mental y Justicia. También identifica como ámbitos que requerían más impulso la atención a las personas mayores y los sistemas de información. En suicidio, aunque se registran actuaciones preventivas, el objetivo general de reducir las tasas de suicidio, intentos y autolesiones figura como no cumplido. Activar una línea, por tanto, no equivale a alcanzar su objetivo.

La cuestión económica permanece sin resolver. El Gobierno anunció una ficha financiera de 15.339.398 euros. El anexo incluye 2018 como referencia del gasto que ya se venía realizando y programa importes hasta 2023: la suma prevista para 2019–2023 es de 13.828.763 euros. Pero la evaluación final no cita la ficha financiera ni ofrece una liquidación con obligaciones reconocidas y pagos. Por eso, los documentos consultados confirman que la inversión fue anunciada y presupuestada, pero no permiten verificar cuánto se ejecutó. Aportación económica que fue exigida pro la Asociacion Canaria de Neuropsiquiatría y el Consejo Económico y Social en su informe perceptivo. Su ausencia denota una gestión oscurantista de lo publico.

Importa asimismo quién hizo la evaluación. El comité incluyó a dos profesionales del propio Servicio Canario de la Salud y a tres investigadoras de FIISC. Esta fundación pública está vinculada institucionalmente a la Consejería de Sanidad y al SCS. La evaluación contó con conocimiento técnico, pero no fue externa a las instituciones responsables del Plan, ni presento evaluaciones bianuales para su seguimiento pro la  ciudadania. Esto no prueba que sus conclusiones estén sesgadas; sí aconseja que el Gobierno publique el método, las evidencias utilizadas y las garantías de independencia, y que encargue una revisión externa de las cifras y del gasto.

El informe reconoce avances en infraestructuras, personal y organización, pero no cuantifica por eje los beneficios obtenidos por la población. El siguiente paso debería ser una rendición de cuentas completa: corregir los datos discordantes, publicar la ejecución presupuestaria, identificar responsables y evidencias por actuación y medir resultados asistenciales y sociales. Sin eso, sabemos qué parte del Plan se declaró activada, pero no con suficiente precisión qué se ejecutó, cuánto costó y qué cambió para las personas.

Una Evaluacion que por los años de retraso en su publicación, y sus ausencias de información parace más un intento de quitarse el muerto de encima, pero el talón de Aquiles sigue vulnerable.

 

Dr. Francisco Rodriguez Pulido

Profesor Titular de Psiquiatria ULL