En el estado Español la sanidad está transferida en buena medida, de modo que los programas estatales de los partidos españoles suelen proponer financiación, legislación básica, prestaciones comunes o coordinación, mientras que la organización cotidiana corresponde principalmente a las comunidades autónomas. Por eso, las promesas de gasto estatal y las propuestas de gestión autonómica no siempre son directamente comparables.
Visión general de los modelos sanitarios
Las propuestas coinciden en reconocer problemas persistentes de acceso, falta de profesionales y listas de espera. También se repite la necesidad de reforzar la Atención Primaria y de prestar más atención a la salud mental. Sin embargo, los partidos difieren en el modelo de gestión, el grado de intervención estatal, la financiación comprometida y la forma de concretar esas prioridades.
El PP propone un pacto de Estado por la sanidad pública, un plan urgente para reducir las listas de espera y la incorporación, en coordinación con las comunidades autónomas, de al menos 4.500 médicos más a la Atención Primaria. El programa sitúa la financiación y la suficiencia de profesionales entre sus prioridades, pero no fija un porcentaje general del PIB para la sanidad. En salud mental plantea un Plan Nacional 2027–2037 con financiación garantizada, más profesionales, prevención y detección precoz, mejor acceso desde Primaria y atención especial a la infancia y adolescencia, el suicidio, las adicciones y los trastornos mentales graves. El PP había anunciado previamente una estimación de 10.000 profesionales adicionales y entre 500 y 700 millones de euros anuales; son cifras de un anuncio partidario anterior y no deben confundirse con el grado de concreción presupuestaria del propio programa electoral.
El PSOE sitúa la financiación pública de la sanidad en torno al 7 % del PIB y vincula el aumento de recursos a la reducción de listas de espera y al refuerzo del carácter público del Sistema Nacional de Salud. Propone que la gestión directa sea la modalidad preferente, reforzar la Atención Primaria y prolongar su plan de acción más allá de 2027. También plantea ampliar progresivamente algunas prestaciones, incluida la atención dental. En salud mental, el programa formula un compromiso concreto de acceso: atención psicológica gratuita en la sanidad pública y primera consulta en un máximo de 30 días. Para ello propone incorporar más profesionales de psicología clínica, especialmente a Primaria, ampliar la atención infantojuvenil y la prevención del suicidio y garantizar respuesta inmediata para los casos urgentes. Añade medidas de protección de la salud mental en el trabajo y atención especializada a víctimas de violencia.
Vox apuesta por una mayor homogeneización estatal mediante una tarjeta sanitaria única, historia clínica compartida, refuerzo de la Atención Primaria y pediátrica y un plan nacional contra las listas de espera. Su programa plantea centralizar o recuperar competencias sanitarias para el Estado y establece que la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular se garantizaría en caso de urgencia. En salud mental propone reforzar la Estrategia Nacional, pero el compromiso aparece menos desarrollado en objetivos, financiación, ratios profesionales y plazos que las propuestas del PSOE, el PP o el Frente Amplio. Conviene distinguir esta posición sobre la cobertura de personas migrantes de la sanidad exterior en sentido técnico: no es una propuesta sobre controles sanitarios en fronteras, puertos o aeropuertos.
El Frente Amplio presenta la propuesta más cuantificada de gestión pública y financiación general: sanidad universal, 100 % pública y de gestión directa, con un suelo del 8 % del PIB y el objetivo de destinar el 25 % del presupuesto sanitario a Atención Primaria. Propone ampliar la cartera pública con prestaciones dentales, visuales y auditivas, además de la salud mental. En este ámbito plantea un fondo finalista para la red comunitaria, un mínimo de 10 profesionales por cada 100.000 habitantes y una atención de proximidad. Incluye una estrategia denominada «Cero Contenciones» y un permiso laboral para que familiares o personas del entorno puedan acompañar a pacientes en riesgo de suicidio. Son propuestas que combinan financiación, organización asistencial y derechos, aunque su aplicación dependería de concretar los recursos y de coordinarse con las comunidades autónomas.
Podemos no dispone, en la documentación consultada, de un programa propio completo para el 29-N. Su documento político de 2025 defiende derogar las normas que permiten privatizar la sanidad, avanzar hacia la gestión pública directa y reforzar la Atención Primaria. En salud mental defiende una ley integral, financiación suficiente, un enfoque de derechos humanos y de género y protocolos para prevenir el suicidio. Estas posiciones deben distinguirse tanto del programa del Frente Amplio como de las propuestas de Unidad del Pueblo Canario: puede haber coincidencias entre organizaciones, pero no son documentos intercambiables ni compromisos atribuibles sin más a cada partido.
EH Bildu anunció un programa para la nueva legislatura, pero el material público consultado no permite cotejar en detalle un capítulo sanitario de 2026. Como antecedente verificable, su programa de 2023 proponía reforzar la Atención Primaria, ampliar plazas MIR, derogar la Ley 15/1997 —que permite fórmulas de externalización— y ampliar prestaciones dentales y oftalmológicas. En salud mental defendía multiplicar el presupuesto, aumentar las plazas PIR y garantizar atención psicológica pública y gratuita, con especial atención a la juventud. Estas medidas sirven para describir su orientación previa, pero no deben presentarse como compromisos confirmados para 2026 sin revisar el texto electoral completo.
Esquerra Republicana propone un sistema sanitario público, universal y de calidad, con gestión pública y financiación estatal adicional para las administraciones sanitarias competentes. Defiende que el reparto tenga en cuenta la población real, el crecimiento demográfico, las necesidades asistenciales y el coste efectivo de los servicios, al tiempo que reclama plena capacidad de la Generalitat para planificar y gestionar el sistema catalán. Plantea ampliar la cobertura pública de salud visual, gafas y lentes prescritas, así como de la atención bucodental. En salud mental propone acceso universal y gratuito a la atención psicológica, a la psicoterapia y a los tratamientos necesarios. El programa concreta el derecho y la financiación, aunque no fija un plazo máximo de espera ni ratios profesionales.
Compromís-Front Valencià defiende la gestión pública y universal, sin discriminación por origen o situación administrativa, y plantea derogar la Ley 15/1997. Propone establecer por ley financiación mínima, ratios poblacionales y tiempos máximos de espera en Atención Primaria, así como reforzar la salud comunitaria y la prevención. En salud mental plantea un pacto estatal con financiación suficiente para ampliar plantillas, mejorar el acceso psicológico y prevenir el suicidio, además de ampliar centros de día y terapia ambulatoria. También propone ampliar la cartera de servicios y crear una industria farmacéutica pública. Sus compromisos son amplios, pero el documento no establece una cuantía sanitaria global comparable con el 7 % del PSOE o el 8 % del Frente Amplio.
No he localizado un programa completo de Junts per Catalunya para el 29-N. Como referencia, su programa de 2023 proponía más recursos para la sanidad catalana, refuerzo de la Atención Primaria y plazos máximos de espera. En salud mental incluía aumentar las plazas de formación especializada y fijar un máximo de 15 días para la atención psiquiátrica a menores de 21 años. Se trata de propuestas anteriores y no deben considerarse compromisos actuales sin un programa de 2026 que las confirme.
Salud mental, derechos y ciudadanía
La salud mental se ha incorporado de forma clara a la agenda electoral, pero la profundidad de las propuestas varía. El PSOE destaca por traducir la prioridad en una garantía de acceso psicológico con plazo máximo. El Frente Amplio concreta un fondo, una ratio de profesionales y medidas comunitarias y de reducción de coerción. ERC especifica el derecho a psicoterapia y atención psicológica gratuitas. El PP propone una estrategia de diez años con financiación garantizada, profesionales y prioridades clínicas, aunque su programa no detalla en igual medida los plazos de atención. Compromís plantea pacto, plantilla y red ambulatoria, pero sin indicadores cuantitativos propios. Vox se limita a un refuerzo general de la estrategia. Podemos y EH Bildu presentan orientaciones de derechos y financiación pública en documentos previos o políticos, pero no he podido verificar compromisos específicos equivalentes en un programa propio completo de 2026.
En prevención, aparecen distintas aproximaciones. Algunas propuestas se centran en detección precoz, atención infantojuvenil y suicidio; otras incorporan derechos, participación comunitaria, acompañamiento y reducción de prácticas coercitivas. La diferencia no es menor: un plan de prevención y detección no sustituye por sí solo la disponibilidad de atención psicológica, psicoterapia, equipos comunitarios ni continuidad de cuidados.
En participación ciudadana, PSOE y PP mencionan la intervención de organizaciones de pacientes en la política sanitaria. Frente Amplio y Compromís incluyen la dimensión comunitaria en la organización de servicios. Sin embargo, en varios programas la participación se enuncia como principio y queda menos especificada en mecanismos, composición de órganos, capacidad de decisión o evaluación pública de resultados.
Dr. Francisco Rodríguez Pulido
Profesor Titular Psiquiatria ULL.