Los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas han sido duramente cuestionados por “su amor” a lo foráneo en detrimento de la creación y producción vernácula, además de dilapidar ingentes cantidad de dinero público como ha ocurrido en el caso de un contrato musical por la que el equipo de la socialista Carolina Darias, pagó más de un millón de euros.

Por un lado, la Asociación Islas Canarias de Artes Visuales (AICAV) ha expresado su preocupación por la incorporación de inteligencia artificial generativa en contenidos creativos vinculados al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, especialmente en la Gala de Elección de la Reina.

Desde AICAV consideran que estas decisiones, aunque se presenten como innovaciones tecnológicas o soluciones prácticas, consolidan un modelo que sustituye progresivamente el trabajo creativo profesional por sistemas automatizados, con impacto directo en el empleo cultural. El colectivo subraya que el sector artístico se caracteriza por una fragilidad contractual y precariedad estructural, por lo que cada encargo que deja de realizarse a profesionales supone, a su juicio, un debilitamiento del tejido creativo de las islas.

Por otra parte, la contratación de Marc Anthony y Ke Personajes por 1,4 millones de euros para una gala carnavalera en Las Palmas, ha provocado una reacción crítica por parte de algunos sectores culturales de Canarias, que consideran que se está potenciando un modelo cultural que no fortalece el sector local.

La concentración de una proporción tan elevada del gasto proyectado en una única noche y en dos artistas internacionales evidencia una apuesta por el espectáculo de alto impacto mediático frente al fortalecimiento estructural del sector cultural local.

En una carta abierta a la alcaldesa, Carolina Darias, diversos promotores culturales,  establecen las diferencias entre los contratos millonarios de los artistas internacionales y la realidad del sector cultural local, marcada por espacios cerrados o sin programación estable; impagos a artistas, compañías y profesionales canarios, generando situaciones de asfixia económica inadmisibles en una administración pública; y prácticas de gestión inadecuadas, percibidas por el sector como opacas e ineficaces, que apuntan a posibles situaciones de mala praxis administrativa y generan inseguridad y precariedad estructural en el ecosistema cultural de la ciudad.