Hay que dejar las cosas claras desde el principio: el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una antigualla legislativa que, como otras de las existentes en nuestro sistema sanitario, traduce la pervivencia de vestigios franquistas en nuestro marco legal. Aunque sería más propio hablar de tres estatutos marcos diferentes: el del personal facultativo, el del personal sanitario no facultativo y el de los no sanitarios (Las incógnitas del estatuto marco. Tomás Sala Franco. 2005).

En las últimas semanas se ha situado en la actualidad política el proyecto de reforma de la versión de 2003 del estatuto marco propulsado por el Gobierno y diseñado con el objetivo teórico de modernizar algunas de sus disposiciones.

La mejor reforma del estatuto sería la que propugnase su desaparición a corto o medio plazo sustituyendo la amalgama inextricable del carácter funcionarial y laboral de la relación que establece entre los profesionales y la administración por una contratación sujeta al régimen general, como la del conjunto de los trabajadores y presidida por los principios de transparencia, equidad, justicia, descentralización y seguridad.

El análisis histórico de las aportaciones del Estatuto Marco al sistema sanitario español no permite extraer conclusiones positivas. A las indefiniciones de tipo legal analizadas, entre otros, por el documento citado antes, hay que añadir todo el abanico de problemas derivados de las formulaciones concretas que contiene sobre los mecanismos de acceso a los lugares de trabajo y acerca del carácter fijo, eventual o sustituto de las plazas adjudicadas. El mecanismo de concursos-oposición consagrado por el Estatuto Marco como forma habitual de acceso ha sido y es fuente continúa de problemas para el sistema sanitario y, sumado a la ausencia de una planificación mínimamente coherente de las necesidades de profesionales, forma parte de las causas de las disfunciones que padecemos actualmente a la hora de cubrir determinados puestos de trabajo de diversas profesiones y especialidades y en lugares geográficos concretos.

Somos conscientes de las dificultades que puede entrañar un proceso de laboralización ordinaria de los profesionales del sistema nacional de salud y de los problemas inherentes a una cierta tendencia en nuestro medio hacia el chauvinismo y la corrupción pero, sin perder de vista este contexto, es imprescindible modernizar las relaciones laborales en nuestra sanidad y poner en marcha las innovaciones necesarias, presididas por el rigor procedimental pero también por la flexibilidad y la descentralización decisoria en las instituciones y empresas empleadoras a la hora de marcar las necesidades competenciales así como los criterios de selección y promoción de sus profesionales.

Pensar que reformando el actual Estatuto Marco se conseguirá introducir cambios cualitativos relevantes en las interacciones laborales entre unos profesionales “medio funcionarios” y las administraciones sanitarias central y autonómicas, nos sigue pareciendo, como en otros ámbitos también necesitados de innovaciones profundas, un intento de seguir navegando por la superficie de los problemas sin entrar a abordar sus raíces profundas.
En el contexto de la necesaria y siempre postergada reforma radical de la administración pública española en sus tres dimensiones actuales: general; autonómica y local.

 
Andreu Segura y Amando Martín Zurro