Se han dirigido a todos los grupos parlamentarios para que mejoren la dotación de recursos

Los duros recortes que en materia asistencial y laboral vienen siendo impuestos desde años atrás a la Sanidad Pública Canaria, han reproducido en el tiempo perjuicios sobre el conjunto de la población que accede como usuario a este servicio público fundamental.

Dan testimonio de ellos, no sólo las listas de espera para acceder a cualquiera de los niveles de atención del sistema, sino también, la constatación del incremento en cuanto a la pérdida de salud de la población que, aún sin quedar plasmado en estadísticas oficiales, se repiten en los servicios de hospitalización, de urgencias o en las listas de espera, sitúan a la población Canaria como la más enferma del estado.

El argumento de carecer de financiación para atender las necesidades del sistema por, según dicen, tener que cumplir con un “techo de déficit”, contrasta con el comportamiento de otros gobiernos comunitarios del Estado que, con mejores servicios públicos no se imponen tanta disciplina con el cumplimiento de las órdenes de Madrid y Bruselas. Pero además de ser la peor financiada, la distribución de los presupuestos que realiza el Gobierno de Canarias, entendemos en ningún modo obedece a una política correcta de prioridades en razón a las necesidades sociales más perentorias. Es más, el actual Gobierno de Canarias ha recibido propuestas varias sobre alternativas inversoras de ahorro y de derivación de fondos, por ejemplo del IGTE, para destinarlos a la Sanidad Pública.

Sentado lo anterior, existen situaciones flagrantes dentro del conjunto de la Sanidad Pública Canaria que no pueden mantenerse un día más. Dentro del contexto antes expuesto, el Hospital Universitario de Canarias continúa, después de muchos años recibiendo incomprensiblemente los embates presupuestarios del Gobierno sin que aún nadie haya sabido o querido razonar o argumentar el por qué de esta lacerante situación que convierte a los SEISCIENTOS MIL USUARIOS, incluidos los habitantes de la isla de La Palma, que tiene nuestro centro como Área de referencia y protección, en ciudadanos de segunda ya que entendemos se encuentran doblemente segregados dentro de la discriminación global que sufrimos los Canarios.

De tal manera, en nuestro hospital y Área de referencia asistencial, la inversión anual por paciente se encuentra muy por debajo de la media del resto de la sanidad pública para el mismo número de pacientes y camas de hospitalización, y por ejemplo, existe un déficit de unos seiscientos trabajadores también en relación con la media del resto del sistema público sanitario. Este agravio conlleva, lógicamente, una asistencia más deficitaria con resultados no deseables para los usuarios, a lo que se añade un esclavismo progresivo que los profesionales no soportan un día más.

Es por lo anterior por lo que, tomando en consideración su parte de responsabilidad en la concreción de los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017, el conjunto de las organizaciones sindicales firmantes (Intersindical Canaria, Cemsatse, CC.OO, UGT y Sae). solicitan al conjunto de integrantes de ese grupo parlamentario su implicación y compromiso para que sea corregido el déficit histórico que sufrimos y, al menos, sea homogeneizado con la inversión por paciente que reciben el resto de Áreas de Salud del país Canario.

 

Tenerife, 7 de noviembre de 2016