Reflexión jurídica y profesional sobre la atención sanitaria, las personas con discapacidad y la responsabilidad de las administraciones públicas.
La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho. No es solo una cuestión de consultas o recursos, sino también de dignidad, igualdad y prevención. Cuando los procedimientos fallan, la comunicación no llega o una persona con discapacidad no puede acceder a una cita en condiciones adecuadas, surge una pregunta inevitable: ¿quién asume la responsabilidad?
El derecho de huelga debe respetarse, pero también la protección de los pacientes, especialmente los más vulnerables. Las medidas de servicios mínimos y los cambios de actividad deben ir acompañados de información clara y de alternativas cuando sea necesario. Una cita no es solo una fecha, es el acceso a un derecho, y para una familia cuidadora puede implicar esfuerzos enormes.
En el caso de Carmen Ereida B. M., residente en Telde, su familia tuvo que desplazarse en taxi, pese a las condiciones meteorológicas adversas, para acudir a una consulta en un contexto de huelga. O en otro, muy parecido, que comentó Chema Tante en La casa de mi tía, de una paciente dependiente severa que acudió desde La Palma a Tenerife en similares circunstancias. Según sus relatos, no habrían recibido información adecuada sobre la modificación de la cita respectiva.
También se conoce el caso de una niña con discapacidad y una situación que plantea el reto de adaptar un vehículo con una rampa de alto coste, obligan a un padre a gestionar su propio vehiculo para poder trasportar a su hijo y poner una rampa para el vehiculo que cuesta 13 mil euros, un ejemplo de las dificultades económicas y de coordinación que afrontan algunas familias, cuyo detalle permanece anónimo por privacidad.
Desde mi experiencia en emergencias, coordinación, prevención e inspección de riesgos laborales, con años de colaboración en servicios de alerta y rescate, la planificación y la comunicación son claves para evitar que un fallo organizativo se convierta en un perjuicio para las personas.
Una gestión sanitaria responsable debe asegurar la comunicación de los cambios, identificar a los pacientes que necesitan apoyos específicos y ofrecer soluciones cuando una cita no puede mantenerse en las condiciones previstas. La tecnología puede ayudar, pero sin perder el trato humano. La información debe ser clara y llegar a tiempo, especialmente a las personas con discapacidad y a sus familias.
Es importante conservar las citas, los justificantes de desplazamiento y cualquier comunicación recibida. Las reclamaciones permiten dejar constancia y pedir que se investiguen posibles fallos para que otras familias no pasen por lo mismo.
La sanidad pública debe ser evaluada por su capacidad de atender con respeto y responder con transparencia cuando algo falla. Porque detrás de cada cita médica hay una persona y, a menudo, una familia sosteniendo mucho más de lo que se ve.
Como profesional vinculada a las emergencias, la coordinación, la prevención y la inspección de riesgos laborales, defiendo que anticiparse a los problemas, evaluar riesgos y asumir responsabilidades es esencial para cualquier servicio público que tenga como finalidad proteger a las personas
Raquel Godoy García
