Raramente trasciende a la opinión pública, pero Canarias no es ajena a una práctica que, aunque es muy minoritaria en el sector sanitario, puede acarrear serios problemas asus actores.
La historia clínica del paciente y, lógicamente, también la del sanitario, está blindada a nivel normativo. El incumplimiento de esta norma de privacidad puede tener consecuencias legales graves como la condena a prisión en el caso que se confirme tal práctica
El acceso más directo y fácil al historial clínico se produce en los círculos profesionales sanitarios, y dentro de él en los sectores médico y de enfermería, quienes sólo podrían acceder en caso de estar realizando actividades directas para el tratamiento del paciente concreto.
Aunque son casos minoritarios, esta norma legal y deontológica, en ocasiones se incumple, incluso, a veces por los propios responsables de la sanidad pública, tal como ocurriese recientemente en la que el director del SCS, en sesión parlamentaria, hizo referencia el diagnóstico que motivó la baja laboral de su contrincante político como reacción a las críticas que recibía.
Son más frecuentes los casos de “errores” de personal sanitario que curiosean en la historia clínica de sus compañeros y personas de su propio entorno familiar. En estos casos, además de la falta laboral grave por la que puede ser sancionado el trabajador, incluido el despido. el delito puede conllevar castigos adicionales como es el caso juzgado por la audiencia provincial de Badajoz que condenó recientemente a dos enfermeras por indagar en la historia de una compañera, condenándoles inicialmente a una multa por responsabilidad civil de 1500 euros a cada una, con el agravante que la afectada sufrió un cuadro ansioso depresivo cuando supo que su patología era conocida por otras compañeras.
Menos suerte tuvo la enfermera que, tras acceder a la historia de su excuñada, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha a 15 meses de prisión y a una multa de 1000 euros por descubrimiento y revelación de secretos.
El último caso conocido de refiere al juicio que tendrá lugar contra una auxiliar TCAE y una enfermera del Servicio extremeño de Salud que espiaron el historial de un matrimonio amigo. En este caso la petición fiscal se eleva a tres años de prisión y tres mil euros de multa a cada una, bastante por debajo de lo que pide del abogado de la pareja afectada que eleva la petición a 5 años de prisión, 15 de inhabilitación y 15 mil euros a cada una. Falta por conocer las consecuencias profesionales en el centro de trabajo.por falta laboral muy grave.
