El Cabildo de Tenerife ha anunciado 500.000 euros para 2027 para financiar un bono de atención psicológica dirigido a jóvenes vulnerables. La previsión es atender a unas 1.135 personas y se ha planteado aumentar la partida hasta un millón de euros. Al justificar la medida por la necesidad de reducir las listas de espera y la demanda sanitaria, la propia autoridad insular reconoce que hay dificultades de acceso a la atención psicológica.
La respuesta, sin embargo, consiste en financiar consultas privadas con dinero público, en vez de reforzar la sanidad pública. Un bono puede proporcionar algunas sesiones, pero no crea equipos públicos estables ni garantiza continuidad. Tampoco resuelve la causa de las listas de espera que el Cabildo señala.
La responsabilidad de organizar y prestar la atención sanitaria corresponde al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Sanidad y al Servicio Canario de la Salud. La Dirección General de Salud Mental y Adicciones tiene funciones de prevención, tratamiento y rehabilitación. Los cabildos cuentan con algunas competencias sanitarias limitadas, pero no dirigen ni gestionan la red asistencial infantojuvenil del SCS. Por ello, la actuación del Cabildo debería centrarse en reclamar y apoyar el refuerzo de esos servicios públicos, mediante coordinación y colaboración institucional.
La información publicada tampoco aclara qué ocurrirá cuando se terminen las sesiones: si habrá continuidad, renovación o derivación efectiva al SCS. Si el joven sigue necesitando atención, puede quedar esperando en la red pública, tener que pagar de su bolsillo o interrumpir el tratamiento. Sin garantías de seguimiento y continuidad, el bono ahonda en fragmentar la atención.
Además, al dirigirse a jóvenes de Tenerife, la medida puede ampliar las diferencias con adolescentes de otras islas que tengan necesidades similares. También es necesario definir criterios de acceso que no excluyan a jóvenes con problemas clínicos relevantes y asegurar una respuesta integral para quienes necesiten atención psiquiátrica o interdisciplinar, o presenten otras enfermedades.
Desde un enfoque de derechos, la atención sanitaria debe ser pública, suficiente, continuada y equitativa. La respuesta exigible ante las demoras es reforzar la atención infantojuvenil del SCS y asegurar cobertura en todas las islas. La crítica central es que el Cabildo reconoce dificultades de acceso, pero destina fondos públicos a consultas privadas sin aclarar cómo garantizará la continuidad ni resolverá la insuficiencia de la red pública, más aun, significa cuestionar la eficacia del Plan de Salud Mental de Canarías, que pretendía resolver esta problemática.
