El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva insta a las administraciones públicas a que las bajas laborales comunes de origen traumatológico sean tratadas por las mutuas, en vez de por la Seguridad Social.1

Empezar por la salud mental sería demasiado evidente, descortés y públicamente polémico. Otra cosa son los huesos. Una simple radiografía determina una fractura y el consenso social es que, cuando los huesos se rompen, hay que arreglarlos. Comisiones Obreras, UGT y las patronales CEOE y Cepyme firmaron el miércoles el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este documento conforma una especie de manual de instrucciones para la negociación colectiva, allá donde esta tenga poca experiencia y arraigo. Pero más allá de las peticiones salariales que invoca el documento —que se salta 2021 y 2022, los dos años de mayor inflación—, el acuerdo incluye recomendaciones que precarizan el empleo, que carecen de perspectiva feminista y que avalan la privatización de la salud de la población activa a través de las mutuas, alertan los sindicatos ELA, CIG, CGT y CNT.

Mutuas

Las páginas 17 y 18 se refieren a las bajas laborales por contingencias comunes —cuando enfermas por una causa ajena al trabajo— y establecen unas líneas que abren la puerta a la privatización de la salud de la población activa, empezando por traumatología: “Las organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”.

El acuerdo de la AENC se propone empezar por los huesos rotos fuera de horario laboral, al mismo tiempo que anima a “establecer procedimientos” para estudiar las causas de las bajas comunes en general y “fijar” líneas de actuación para reducir dichos procesos y su duración. Es decir, realizar un trabajo de prospección más allá de traumatología. El texto justifica la propuesta de tratar la clavícula rota en el paseo en bici del domingo porque las mutuas “contribuirían” a “mejorar los tiempos y listas de espera” de la Seguridad Social. La baja laboral por patología traumática es la más común y la asociación de mutuas Amat asegura que las tratan en 41 días de media, frente a la baja de 71 días de la sanidad pública.

La secretaria general de Servicios del sindicato mayoritario en Euskal Herria, ELA, Maricruz Elkoro, califica esta estrategia como “muy grave”: “En lugar de apostar por el desarrollo del sistema público sanitario, se opta por la privatización, derivando competencias que hoy asume la sanidad pública al sistema privado”.

Coincide en palabras con el secretario general del sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, Paulo Carril: “Somos conocedores de los abusos de las mutuas a la hora de mercantilizar la salud de los trabajadores, y que en este documento se busque la privatización de la sanidad pública a través de ellas es gravísimo”.

El intento de privatizar la sanidad pública mediante estos entes no es nuevo. El 24 de marzo, el sindicato LAB alertó de que un borrador de 27 páginas fechado el 7 de diciembre de 2022 recogía la propuesta negociada entre el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, remitido a todas las comunidades autónomas. El documento, como el que esta semana han firmado CC OO y UGT con las patronales, insta a que las administraciones públicas a que conviertan a las mutuas en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa, y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y pensionistas.

“Los contratos fijos-discontinuos son la precariedad del siglo XXI, aún más si son a jornada parcial, algo que afecta de lleno a la mujer trabajadora”, Antonio Ruiz (CNT)

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva firman el acuerdo.

Fijos-discontinuos parciales

El abogado laboralista Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico de CNT València, explica que el artículo 16.5 de la reforma laboral de Yolanda Díaz delega en los convenios colectivos la posibilidad de utilizar los contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial. Es decir, si un convenio colectivo admite la parcialidad de la jornada en estos contratos, ya de por sí parciales, la empresa podrá ofrecerlo a los trabajadores. De lo contrario, debe ofrecer un contrato fijo-discontinuo a jornada completa.

Tal y como alerta Ruiz, el tercer punto del apartado convenios sectoriales del acuerdo del AENC (página 12) afirma que se podrán “celebrar contratos a tiempo parcial [de los fijos-discontinuos] cuando las peculiaridades del sector así lo justifiquen”. E insta a realizar el “censo anual del personal fijo-discontinuo” que requiere el artículo 16.5 para poder aplicar la parcialidad a este modelo contractual.

“Los fijos-discontinuos son una de las precariedades del siglo XXI. Implican que tengo trabajo, que me van a llamar en algún momento, pero, en este caso, significa además que me van a llamar solo parcialmente. Algo que afecta de lleno a la mujer trabajadora. Fomentarlos es un error y aún precarizará más el empleo”, advierte el abogado de CNT.

“El texto nos lleva a concluir que el fomento de la contractualidad parcial es positiva. Y lo es: para las empresas”, Maricruz Elkoro (ELA)

Gessamí  Forner