Los violentos desahucios que de la mano de resoluciones de la judicatura y de la banca -inmobiliaria se han sucedido en los últimos tiempos en el conjunto del Estado español, han motivado una reacción popular creciente visualizada en estos últimos días mediante acampadas y movilizaciones que, también en el País canario han unido en la protesta a varios miles de ciudadanos indignados.
La presión que sobre la habitabilidad ejerce el fenómeno turístico, ahora también mediante la adquisición de espacios alojativos por el capital extranjero, además de la reconversión masiva de viviendas antaño dedicadas al alquiler ahora reconvertidas en alojamientos vacacionales, estrechan la cuerda sobre el cuello de los canarios con una inexistente oferta del acceso a techo, cuando no, con desorbitados precios aún más inasumibles en Canarias con los peores salarios del conjunto Estado y de la UE.
Sumamos a lo anterior un crecimiento demográfico mantenido y brutal que, solo en el 2025, supuso en las islas un aumento de la población de 17.880 habitantes, mayoritariamente foráneos que establecieron su residencia en Canarias y que, también, se suman a larguísima lista de demandantes de techo.
En estas circunstancias, la mafia de parásitos integrada por banqueros, rentistas y agencias inmobiliarias, disponen del mejor terreno abonado para los abusos y la pillería, con una cadena de expulsiones especulativas de los viejos inquilinos y enriqueciéndose con una ley de vivienda que les favorece y deja a la clase trabajadora en la más absoluta desprotección.
No señalar a los culpables de la situación creada en la que el acceso a un techo digno resulta imposible o un alto lujo, es tanto como incurrir en una complicidad por omisión. En el ámbito más cercano, la presencia en el gobierno de Canarias de Coalición Canaria, ahora también coaligado con el PP, han favorecido e impulsado, además de una salvaje especulación del suelo, un crecimiento turístico y una permisibilidad a los rentistas que ha desahuciando a cientos de miles de canarios de su hábitat y de sus viviendas.
Por otra parte, el actual gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha promovido varias iniciativas parlamentarias, luego derrotadas por la derecha que, aunque tibias, hubiesen podido racionalizar de forma paliativa el actual y salvaje mercado de la vivienda en manos de los poderosos círculos y empresas especulativas habitacionales.
Tras haber unido su voto en el parlamento español, PP, VOX y Junts impiden ahora aprobar la última iniciativa del PSOE y Sumar para sacar adelante un decreto que pretendía poner freno a determinados desahucios, aparte de moderar los precios de los alquileres y determinadas operaciones especulativas. Ello les oficializa como aliados y representantes de las entidades bancarias y rentistas inmobiliarias que hoy hacen negocio con el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos despojados de un techo digno.
Especialmente hacia la derecha y la ultraderecha española y canaria va nuestra condena como sanitarios en una problemática que, aparte también de afectarnos como ciudadanos, supone el incumplimiento de un derecho fundamental con derivaciones insanas en la salud mental y física del amplio número de personas que lo sufren.
