La Organización Mundial de la Salud recuerda que las condiciones de la vivienda pueden prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. Su enfoque no se limita a la seguridad de los edificios: incluye cuestiones como el hacinamiento, la temperatura, la accesibilidad y la necesidad de coordinar las políticas de vivienda con las de salud. Aplicada a la salud mental, esta perspectiva invita a mirar más allá de los servicios clínicos y preguntarse cómo afectan a la vida cotidiana la inseguridad residencial, el coste del alquiler y la dificultad para acceder a un hogar estable.

En Canarias, la vivienda aparece en el Plan de Salud Mental 2019–2023, pero principalmente vinculada a la atención de personas con trastorno mental grave. El documento propone pisos y plazas residenciales con distintos niveles de apoyo, una distribución adecuada entre áreas y la colaboración con otras administraciones. También contempla coordinarse con los organismos de vivienda para facilitar el acceso a viviendas sociales o de bajo alquiler. Son medidas importantes, pero delimitadas: la vivienda se incorpora sobre todo como recurso de rehabilitación para personas ya atendidas por los servicios, no como un determinante que puede afectar a la salud mental de toda la población.

Ese límite importa. La preocupación por no poder pagar el alquiler, la amenaza de tener que abandonar el hogar, vivir en una casa inadecuada o no poder emanciparse pueden generar incertidumbre y malestar sostenidos. No afectan a todas las personas del mismo modo: los ingresos, la edad, el género, el empleo, las responsabilidades de cuidado y la isla en la que se vive condicionan tanto la exposición al problema como las posibilidades de encontrar una salida. Desde esta perspectiva, la vivienda no es solo un recurso asistencial para un grupo clínico: es una condición material que puede proteger o deteriorar el bienestar de la ciudadanía.

El informe de 2025 del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) lleva este debate al ámbito de la población general. Según sus datos, el alquiler medio en Canarias pasó de 518 euros en 2010 a 994 euros en 2025, un aumento del 91,9 %, mientras que los salarios habrían crecido un 28,6 %. El estudio estima, además, que más de 473.000 personas están en riesgo de no poder afrontar los gastos relacionados con su vivienda y analiza la relación entre el coste del alquiler y la prevalencia de problemas de salud mental.

ODESOCAN comunica que, en su análisis, por cada euro que aumenta el precio del alquiler por metro cuadrado, la prevalencia de trastornos ligados a la salud mental aumenta 0,74 puntos porcentuales. La cifra merece atención, pero no debe interpretarse como prueba de que cada subida del alquiler cause por sí sola un trastorno mental. Una asociación estadística no demuestra causalidad individual: el empleo, los ingresos, las redes de apoyo, la salud física y otras circunstancias pueden influir simultáneamente. El valor del informe reside, sobre todo, en señalar una relación que las políticas públicas deberían estudiar y abordar con datos transparentes, desagregados por territorio y características sociales.

La evaluación del Plan de Salud Mental ayuda a precisar qué puede afirmarse sobre la respuesta institucional. En rehabilitación psicosocial, clasificó como cumplidas el 11,1 % de las actuaciones, parcialmente cumplidas el 27,8 % y no cumplidas el 51,9 %. En coordinación sociosanitaria, los porcentajes fueron 34,2 %, 28,9 % y 36,8 %, respectivamente. Son cifras sobre el estado de las actuaciones, no sobre el número de personas que obtuvieron una vivienda ni sobre la estabilidad que lograron. La evaluación no ofrece una rendición específica que permita conocer cuántas plazas se habilitaron, quién accedió a ellas, en qué islas, cuánto esperó o si pudo mantener su alojamiento. Por tanto, la inclusión de medidas en el Plan no basta para demostrar que se ejecutaran o que produjeran beneficios poblacionales.

La OMS aporta un criterio útil para ampliar la respuesta: la vivienda saludable requiere cooperación entre salud, servicios sociales y políticas habitacionales. En Canarias, eso supondría que los futuros planes de salud mental no limitaran el alojamiento a dispositivos especializados. También deberían evaluar cómo la inseguridad residencial y la carga económica de la vivienda afectan al bienestar general, y coordinar la prevención con las administraciones responsables de vivienda, empleo y protección social.

La atención psicológica y psiquiátrica es imprescindible, pero no puede resolver por sí sola problemas que nacen o se agravan en las condiciones de vida. Para la población general, disponer de una vivienda digna, asequible y estable no garantiza la salud mental; su ausencia, en cambio, puede añadir una fuente persistente de estrés y desigualdad. La política sanitaria debería reconocer esa relación, medirla y trabajar con otros sectores para prevenir sus consecuencias. Si la vivienda influye en la posibilidad de construir un proyecto de vida con seguridad, debe dejar de ser un asunto periférico en la planificación de la salud mental.

Fuentes principales: OMS, WHO Housing and Health Guidelines (2018); Servicio Canario de la Salud, Plan de Salud Mental de Canarias 2019–2023 y evaluación final; ODESOCAN, Informe sobre Vivienda y Salud Mental en Canarias (2025

Dr. Francisco Rodríguez Pulido. Profesor Titular de Psiquiatría ULL