Según avanza los efectos de la crisis climática y la pérdida de Salud de la biodiversidad, el gobierno canario y la derecha que lo integra no parece preocuparles la ascendente degradación territorial de las islas que, solo en el área marítima implica que cada día aumente el número de kilómetros de costas contaminada por residuos y vertidos fecales. El ejecutivo de Clavijo, además, “premia” a las entidades empresariales de Canarias condonándole las multas que, por un importe de unos 14 millones de euros, tenía que haber cobrado por actuaciones contra el medioambiente.
500 MILLONES DE LAS ARCAS PÚBLICAS PARA COMPENSAR A LA PATRONAL TURISTICA
Mucho mayor impacto para las arcas públicas y el territorio tiene el acuerdo extrajudicial por el que el gobierno entrega, injustificadamente, a diversos empresarios turísticos más 500 millones de euros en concepto de indemnización por los perjuicios que la patronal alega le ocasionó la moratoria turística de 2001. Además, como parte del mismo acuerdo, el gobierno tolerará a esas mismas empresas que construyan sus proyectos alojativos que en su momento impidió la referida moratoria, frenando daños incalculables en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
En este embrollo, se da la especial circunstancia que no existe ninguna sentencia judicial que obligue al gobierno al pago de cantidad alguna a los demandantes. Además, con la aceptación de este chantaje, el gobierno envalentona a la patronal turística para que incumpla cualquier nueva ley ambiental que pretenda frenar el acelerado y demencial número de camas alojativas y la consiguiente presión demográfica, y con ella el deterioro territorial y medioambiental del Archipiélago.
Precisamente, la empresa más beneficiada en el reparto es Lopesan que recibe del gobierno canario unos 300 millones de euros, y que ha sido repetidamente señalada por sus infracciones urbanísticas con daños al patrimonio natural y arqueológico.
Precisamente, este expolio de dinero público se produce sin rubor y en un contexto social, en el que el mismo gobierno escatima a los defensores de la sanidad y la salud pública recursos humanos para la atención correcta de los pacientes o se les impone la precariedad salarial: un gobierno éste al que es atribuíble el calificativo de “peligro público”.
