Sobre el llamamiento a la huelga de médicos indefinida convocada a partir del 28 de octubre para reclamar un Estatuto marco propio, algunos sectores vienen advirtiendo que se podría tratar de una huelga con cierto “Tufillo” a trasfondo político para empujar a la caída del actual gobierno que, además, no podría dar cumplimiento a ningún pacto ante la inminencia de convocatoria de unas elecciones.

Por otra parte, existe un consenso sobre el Estatuto Marco con el Ministerio que, aunque Intersindical Canaria no suscribe, fue sellado con las fuerzas sindicales con la representación mayoritaria del Sistema Nacional de Salud. Cuando las organizaciones médicas rechazan este consenso, exigiendo un “Estatuto Propio”, ignoran que la sanidad pública funciona en base a un equipo multidisciplinar. Por ello, el marco laboral debe albergar a todos sus grupos profesionales, asignando a cada cual la clasificación, las retribuciones y las responsabilidades que por su nivel profesional y académico les corresponden. Romper esa unidad fomenta una fractura peligrosa que promueve el gremialismo asistencial divide la fuerza de la lucha organizada.

Desde Intersindical Canaria, reconociendo como razonables y lógicas mejoras que se reivindican, como la reducción de la duración, frecuencia y aumento de las cuantías de las guardias; La carrera profesional, la retribución del complemento específico, la estabilización del empleo, la reducción efectiva de las cargas asistenciales, jornada, libranzas…son problemas que atentan a todos los grupos profesionales y también, competencias de las Comunidades Autónomas. Por tanto, en su caso, el conflicto, debe dirigirse en paralelo, al gobierno del estado español y hacia el Servicio Canario de Salud (SCS) quien, es precisamente en Canarias quien continúa promoviendo privatizaciones, reduciendo plantillas, endureciendo las condiciones laborales y hurtando la dignificación laboral.

Existe otra reivindicación ineludible, en el cómputo del tiempo efectivo trabajado durante esas guardias, para poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria sin penalización a los 60 años y que esta se haga efectiva para todas las carreras de cotización largas en todos los profesionales, lo que depende de modificaciones en la Ley General de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que se hace necesaria, una vez más, una lucha transversal del conjunto de la clase trabajadora.

Cabe añadir que, desde la perspectiva de los usuarios, que más allá del respeto al ejercicio de un derecho fundamental, genera importantes perjuicios asistenciales para sumar a las carencias ya existentes, con cerca de 200.000 personas en listas de espera. Tras las diferentes convocatorias de huelga, la población canaria ha sufrido, en un año, la suspensión o aplazamiento de más de 61.000 procesos asistenciales; con el doble efecto perverso del incremento de la actividad de la sanidad privada y de los seguros médicos.

Mejorar las condiciones laborales y asistenciales, es una lucha que debe conjurar a todas las personas trabajadoras de la sanidad pública canaria. La respuesta no debe dejar atrás a los demás grupos profesionales. Por ello, Intersindical Canaria propone redirigir el esfuerzo para que, todas las organizaciones sindicales y TODOS los grupos profesionales de la Sanidad exijamos al ejecutivo canario y al estatal, cada uno dentro de sus competencias, la gestión presupuestaria y laboral de calidad que nuestros profesionales y la sanidad en su conjunto necesitan.