Jaime Bethencourt, Cati Darias y Patricia Hernandez afirmaron en rueda de prensa que, tras seis meses de espera, de absoluta inacción y de incumplimientos del Gobierno, acabó la tregua dada a la nueva administración sanitaria.

Transcurridos varios meses desde que se produjera el último cambio de gobierno, desde Intersindical Canaria denuncia ante la opinión pública que a pesar de las expectativas creadas, desde la consejería de sanidad se mantiene la tónica habitual que arrastramos desde hace años respecto a la gestión en el sector sanitario, basada principalmente en el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública.

Año tras año hemos venido denunciando ésta nefasta línea política, que los distintos partidos (CC-PP-PSOE) en diferentes etapas de gobierno han insistido en aplicar, siendo especialmente agresivos los recortes presupuestarios de los últimos años en el ámbito sanitario, lo cual hoy se repite.

Expresaba el actual Consejero de Sanidad, el señor Morera, su voluntad de revertir los recortes laborales y asistenciales durante esta legislatura, pero en la práctica, los presupuestos para el próximo año, arrojan luz y taquígrafo sobre la insuficiente dotación económica para la Sanidad Pública, lo que nuevamente condena a los trabajadores a asumir situaciones de precariedad laboral que tienen consecuencias claramente negativas sobre los usuarios, cronificando los procesos de enfermedad de la población canaria.

En papel mojado quedaron los compromisos adquiridos por el actual gobierno con la representación sindical en defensa de la sanidad pública. Hoy denunciamos que no han abordado ninguno de los puntos de mejora y potenciación, firmados y a los que se comprometieron en el mes de mayo los candidatos a la presidencia del Gobierno, entre los que se encontraban precisamente los actuales presidente y vicepresidenta del actual ejecutivo en representación de sus respectivos partidos (CC y PSOE).

Varios han sido los contactos con la consejería que se han hecho desde Intersindical Canaria, solicitando se lleven a efecto alguno de los compromisos adquiridos entonces, sin que hasta la fecha se haya producido pronunciamiento alguno de la Consejería y de su Gobierno… La sanidad pública y sus trabajadores tenemos ahora un problema agravado, no es que se gestione mal, es peor que eso: la gestión brilla por su ausencia a pesar de los cambios de personas habidos al frente de la gestión del sistema sanitario, sustitutos que mantienen idéntico y nefasto perfil personal y profesional que los anteriores.

Con el ” buen talante” “la sonrisa” y el “buen rollito”, no se curan los enfermos, ni se reducen las listas de espera, ni se dignifican las relaciones laborales, ni se evita el escape injustificado de derivaciones de pacientes y capital a la privada, no se desbloquean las urgencias. Esta situación que, por conocida, no vamos a insistir en ella no ha variado ni una micra con este gobierno.

Lejos de mejorar, nuestra sanidad languidece, y la sensación es que el actual gobierno no sólo no lleva las riendas en política sanitaria, sino que tiene pleno desconocimiento en cuanto a la realidad en la que se encuentra inmerso nuestros hospitales y demás servicios asistenciales.
El tongo que en materia sanitaria ha supuesto esta Consejería lo certifica el hecho que, frente al rosario de incumplimientos de promesas electorales y postelectorales, todas teóricamente dirigidas a la defensa de la sanidad pública, la única medida en la que el Consejero Morera sí que ha empeñado su palabra es precisamente en aquella para la introducción de formulas de gestión de filosofía privatizadora, un peligrosísimo experimento denominado Unidades de Gestión Clínica, que de inmediato, deterioran aún más la asistencia por estar planteada bajo criterios economicista y de ahorro en el tratamiento de la enfermedad, que, además, cortocircuitará la necesaria concatenación y complementariedad de las diferentes unidades de un hospital. A la vez, los “defensores” de la Sanidad Pública (PSOE y PP) en estos seis meses han gestionado un aumento de las derivaciones a la privada.
Canarias, 1 de diciembre de 2015.