Desde Intersindical Canaria denuncia el drama real y escalofriante de la siniestralidad laboral en las islas, que se ha evidenciado con los dos fallecimientos acaecidos recientemente en la isla de Tenerife con tan solo 3 horas de diferencia entre los mismos, y el fallecimiento reciente de un operario cuando realizaba operaciones de carga en un buque, llegando en este período de 2023 a un total de 8.996 accidentes de trabajo, de los cuales 8.929 fueron leves, 60 graves o muy graves y 10 mortales, mientras que en el conjunto del estado bajaron un 0,9%. En este sentido, destacamos el evidente incremento de la siniestralidad laboral en el archipiélago Canario. Sin olvidar, que, el número de accidentes laborales en Canarias aumentó un 16% en 2022, cuando se registraron casi 50.000 siniestros (49.2589) y 25 muertes, 12 más que en el año anterior.

Denunciamos que la seguridad y salud en el trabajo sigue siendo una cuestión de segundo orden para las Administraciones Públicas y las empresas; el incumplimiento de la normativa por parte de las empresas (que entienden la prevención solo como un mero formulismo, para evitar sanciones), la excesiva externalización en la gestión de la prevención de riesgos laborales; cómo influye la precariedad en el incremento de la siniestralidad; y la falta de inversión y recursos, algo que se constata en los insuficientes medios con los que cuenta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así como, la ausencia de cultura preventiva en general y de una inadecuada gestión organizativa de la empresa.

Desde esta organización sindical, reivindicamos la necesidad de disponer ya de una Estrategia Autonómica efectiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque es imprescindible contar con una hoja de ruta, dotada de recursos económicos para su efectivo desarrollo a pesar de la actual Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el trabajo 2023-2027 pactada entre la Patronal y los sindicatos mayoritarios, no parece del todo efectiva a tenor de los datos estadísticos. Así mismo, requerimos a la actual ministra de Trabajo y Economía Social, para que abra la mesa de diálogo social para abordar un verdadero Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en su conjunto.

Reclamamos a la fiscalía provincial fiscalía especial en prevención de riesgos “más eficacia” en casos de accidentes laborales como los acaecidos en días pasados en la isla y exigimos la actualización de la obsoleta ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, que data de 1995.