La Federación de Transportes de Intersindical Canaria ha emitido una denuncia pública ante las diferentes varas de medir en las actuaciones de las instituciones canarias, cuando se trata, por un lado, de las demandas de las trabajadoras y trabajadores del sector del transporte, en comparación a cuando se trata de las pretensiones de los empresarios.
Precisamente, se cumple ahora, justo un año, de la huelga de trabajadores en las empresas de transporte de Lanzarote, en la que consejera de Educación y Universidades del gobierno canario ordenó a las 02.00 horas el 100% de los servicios mínimos en el transporte escolar al considerar como fundamento de derecho el carácter de servicio esencial para la Comunidad, vulnerando el derecho a la huelga de los trabajadores.
Lo que está sucediendo ahora, es un cierre patronal, motivo por el cual, Intersindical exige la misma aplicación de servicios mínimos que la consejera de Educación emitió en decreto de la huelga de trabajadores de Lanzarote.
Sin embargo, hoy se está comprobando como ante las demandas de la patronal que esta misma consejera se ha manifestado en los medios de comunicación, en el sentido de que al ser un cierre patronal no tiene que decretar los servicios mínimos, cuando, contradictoriamente la Constitución española señala que: “Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, sin perjuicio de las limitaciones que se puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”, entre los que se encuentra la Educación.
Por lo tanto, desde la Federación de Transportes de Intersindical Canaria desprecia los hechos que ponen de manifiesto la discriminación que sufren los trabajadores del sector de guaguas y denuncia el claro trato de favor hacia los empresarios, solicitando que a los trabajadores se le dé el mismo trato que a los empresarios, no nombrando servicios mínimos
