El liberalismo no solamente es una ideología al servicio del capitalismo. La misma tiene consecuencia práctica en la vida de las personas, como es en su cuidados. Las prestaciones económicas para el cuidado de un familiar que se soportan en la ley de dependencia, y la práctica de los propios ayuntamientos en la atención domiciliaria de las personas vulnerables, obedece a esta ideología del neoliberalismo (versión posmoderna) que pretende externalizar los servicios públicos y debilitar el Estado del bienestar generando nuevos nichos de negocios, más aún después de la crisis de la construcción o del ladrillo.

La Comunidad Autónoma Canaria es la última en incorporarse a esta corriente a través de una enmienda en la Ley de Presupuestos, facilitando esta liberalización de los cuidados que parte de considerar en la Ley de Servicios Sociales a las empresas como entidades colaboradores de los servicios sociales. Este proceso que se inició en Europa en los años 80 se ha ido materializando progresivamente en los estados de la Unión Europea. Realmente nuestra Comunidad Autónoma nunca ha llegado a disfrutar del llamado estado del bienestar, el cual en nuestras islas nunca se ha consolidado.

Por tanto, se ha ido imponiendo un modelo de cuidados para las personas fragmentado, a cargo del entorno familiar y de las mujeres, cuya versión más moderna es la llamada economía de los cuidados que lo único que pretende es condenar a las mujeres al poder tradicional y ofrecer servicios no cualificados y muchas veces en precario porque las personas que son cuidadas están en una situación de vulnerabilidad y fragilidad económica, social y sanitaria.

Hablamos de lo que hablamos, de los cuidados, pero en una comunidad autónoma donde un 10 % de los ricos controlan el 60 % de la riqueza que se origina en las islas, mientras más de la mitad de los pobres posee solo del 2-4% de la riqueza. Los cuidados es una responsabilidad colectiva. La aportación para dependencia del gobierno de España en 2023 alcanza el 29% frente al 71% de las CC.AA.Esta profunda desigualdad en la distribución de la riqueza ya de por sí genera diferentes oportunidades en el presente y el futuro de las personas. Solo se puede corregir esta inequidad, esta diferente y significativa distribución de la riqueza con las políticas públicas. Por eso éstas son el único mecanismo que tiene la ciudadanía para salir de la situación actual.

En las políticas públicas, con muy buena intención, se arbitró el cuarto pilar del Estado del bienestar. Se estableció un derecho subjetivo para la ciudadanía. Ahora bien, la implementación de las leyes y los sistemas autonómicos de la dependencia para nada han estado a la altura de la necesidades de la ciudadanía, generando inequidades en el trato de la administración pública a los ciudadanos. Basta recordar que esta ley comenzó con mal pie, con un importante déficit en su financiación, y aunque ha habido intentos de corregirlo estamos muy lejos de lo que el sistema necesita, por lo que el copago de los servicios es muy alto. Ha sucedido lo contrario de lo que los legisladores decían que iban a ocurrir. Además, la comunidad autónoma canaria, en conjunto, en los tres últimos ejercicios presupuestarios ha dejado de ejecutar más de 3000 millones de euros, sabiendo nosotros las necesidades de nuestra gente con un 36 % de vulnerabilidad debido a la pobreza.
Observamos como los Estados europeos se pliegan ante la exigencia del magnate americano para dedicar el 5 % de su PIB en materia de gasto militar, lo que significa en el caso de nuestro país, llegar a una inversión de 80.000 millones de euros en material militar para la compra en la industria armamentistica americana. Esto significaría dar un golpe muy duro al raquítico estado de bienestar de nuestra Comunidad Autónoma, más aún sabiendo que el gobierno español ha comprometido 10.000 millones de euros en gastos para la defensa para este ejercicio presupuestario.

Realmente, ¿cuando comienza la dependencia en la ciudadanía?. Cuando no se tiene un salario o cuando se tiene un salario y este es precario, cuando un adolescente no puede proyectar un futuro o cuando un niño o una niña sufren de maltrato y abuso sexual en la infancia o cuando una persona no puede tener un hogar para vivir. Por tanto, los cuidados de los ciudadanos no se pueden restringir al envejecimiento, sino que se debe comenzar con prevención y buen trato a la ciudadanía desde el comienzo de su vida. Por eso necesitamos una economía para la vida de las personas. Y unos cuidados que favorezcan una comunidad amable.
Todos debemos cuidar de todos empezando por los entornos y el medio ambiente en los cuales habitamos. La Libertad de decisión es terapéutica y lo que permitirá terminar con el institucionalismo actual. La presencia de la comunidad, desde lo local y más cercano se hace prioritario en la situación de las Islas. Basta con favorecer el talento para generar nuevas formas de cuidados y no exportar modelos de las metrópolis.

En definitiva, las políticas públicas y los servicios públicos son hoy en día una garantía, la única garantía para la creación y la construcción de comunidades amables que sean transversales en el cuidado, siendo necesario también, en un territorio limitado, acabar con la descoordinación de las administraciones públicas y acabar con los reinos de taifas administrativos y pensar estratégicamente los problemas y las necesidades de la ciudadanía.

Dr. Francísco Rodríguez Pulido
Profesor Titular de Psiquiatría

Intervención realizada en las Ias Jornadas en la defensa de los servicios públicos de Atencion domiciliaria 25 de Julio 2025 en Tenerife, Organizadas por Colectivos Sociales en Defensa del SAD.