En Canarias, quienes solicitan el reconocimiento de su grado de discapacidad se enfrentan a un verdadero viacrucis burocrático. Según recientes investigaciones, los retrasos en este proceso pueden extenderse hasta cuatro años, una situación intolerable que refleja los graves fallos estructurales existentes en la administración pública que tiene consecuencias graves para las personas y familias afectadas.
Los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad fruto de una crisis administrativa no son casuales. En su raíz se encuentran factores como la insuficiencia de personal especializado, la falta de digitalización de los procesos administrativos y la carencia de una planificación adecuada para atender el creciente número de solicitudes. Además, la infrafinanciación crónica en los servicios sociales y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno agravan aún más la situación.
Este problema no solo es resultado de una gestión ineficiente, sino también de un sistema diseñado para operar con los mínimos recursos, priorizando otras áreas en detrimento de los derechos sociales. La realidad es que las políticas públicas en Canarias siguen relegando a un segundo plano a las personas con diversidad de capacidades.
La demora en la resolución de estos expedientes tiene consecuencias para las personas afectadas, produce un impacto directo en la vida de miles de personas.
Sin el reconocimiento oficial de su grado de discapacidad, estas personas no pueden acceder a prestaciones económicas, beneficios fiscales, programas de empleo adaptado, ayudas técnicas ni a una atención sociosanitaria adecuada. Esto perpetúa situaciones de pobreza, exclusión y desprotección, vulnerando derechos básicos y condenando a muchas familias a un sufrimiento innecesario.
Además, la incertidumbre prolongada afecta profundamente la salud mental de las personas solicitantes y sus familias, quienes viven en un estado constante de espera y desamparo. Sí , es una crisis vinculada a lo humanitario que pasa desapercibida en los despachos de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Proponemos medidas concretas para abordar este problema de forma inmediata y estructural:
1. Ampliación de recursos humanos y materiales: Es necesario aumentar significativamente el personal especializado en la valoración de la discapacidad y dotar a las unidades administrativas de los recursos técnicos necesarios para agilizar los procedimientos.
2. Digitalización y modernización de los procesos: Implementar sistemas electrónicos para la gestión de expedientes reduciría significativamente los tiempos de espera y mejoraría la transparencia del proceso.
3. Plan de choque para reducir los retrasos acumulados: El Gobierno de Canarias debe destinar fondos extraordinarios para resolver los expedientes pendientes en un plazo máximo de seis meses, priorizando los casos más urgentes.
4. Revisión integral del sistema de valoración: Es imprescindible diseñar un nuevo modelo que garantice la eficiencia, la equidad y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
5. Coordinación interadministrativa: Los municipios, cabildos y el Gobierno de Canarias deben trabajar de manera conjunta para evitar duplicidades y optimizar los recursos disponibles.
Un compromiso con la dignidad
Canarias necesita un compromiso con la dignidad , no puede seguir siendo un territorio donde las personas con discapacidad sean relegadas al olvido administrativo. En Liberación Canaria, creemos firmemente que una sociedad verdaderamente justa es aquella que pone en el centro a las personas más vulnerables. Exigimos al Gobierno de Canarias que actúe con responsabilidad y urgencia para resolver esta crisis. No se trata solo de cumplir con la legalidad, sino de garantizar el derecho a una vida digna para miles de personas que, en estos momentos, solo encuentran puertas cerradas y respuestas tardías. Es hora de demostrar que Canarias es una tierra que respeta y cuida a todas sus personas, sin excepción.
Angélica Calero Armas
Presidenta Gestora Insular de Tenerife
Liberación Canaria
