Tras haberlo hecho anteriormente en el HUC, durante la jornada de hoy, se celebró una concentración, donde centenares de trabajadores de todos los grupos profesionales, y organizaciones sindicales se dieron cita a las 11 horas en los exteriores del Edificio de Traumatología del Hospital La Candelaria, en Tenerife, para luego manifestarse en los exteriores del centro Sanitario. El motivo de la protesta fue denunciar los drásticos recortes en la contratación, que esclavizan a los trabajadores y agravan el colapso asistencial en detrimento, tanto de la ciudadanía del Área Sur de Tenerife como del conjunto del Servicio Canario de la Salud (SCS), al contar con las plantillas más precarias en número en relación con la desmesuradamente creciente población asistida. Una situación esta que se está dando tambien en otras islas como La Palma.
Ante el clamor de los profesionales frente los elevados índices de esclavismo y precariedad laboral, se exigió la dimisión de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, del director del SCS, el Sr. Goya y de la gerencia del centro, Integrantes ellos de una Administración sanitaria, la de este Gobierno de Canarias, formado por partidos de la derecha (Coalición Canaria y Partido Popular), donde siguen recurriendo a una práctica ya conocida: la publicidad engañosa, la mentira y el falseamiento de la realidad, cuando desde Intersindical Canaria Salud, denunciamos y es un grito a voces que la nefasta y desprofesionalizada gestion sigue marcada por las restricciones en la contratación, la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales, el aumento constante de las listas de espera y la saturación de los Servicios de Urgencias.
Esta administración, ahora en el hospital La Candelaria, se mantiene en su errática política de ahorro económico que reduce la capacidad asistencial del sistema sanitario público para, complementariamente, seguir incrementando las derivaciones a la sanidad privada concertada.
Para Intersindical Canaria, no existe voluntad política ni credibilidad. Estos recortes son reales y tienen consecuencias directas sobre la salud de la población y sobre las condiciones de trabajo de los profesionales de todos los grupos, cuestión que, como defensores del servicio sanitario público, no vamos a tolerar.
