Vaya por delante mi confesión de que, los haga quien los haga, soy poco partidario de los doctorados “honoris causa”. En sí mismos son un acto de reconocimiento político y social, nunca académico, que las universidades se permiten celebrar para homenajear a una persona. Ahora además surgen universidades privadas en cualquier garaje o almacén, así que quien quiera podrá comprarse un “honoris causa” si tiene la vanidad y la pasta para ello. Pienso que, puestos a obtener un doctorado, mejor que sea “laboris causa”. Quien quiera doctorarse que se lo curre y aprenda lo bastante hasta ser merecedor de ello.
Una universidad privada y confesional de una religión de la que ahora no me acuerdo, es decir, una universidad de derechas, ha reconocido con uno de estos doctorados “sine labore” al juez con el que la derecha quería controlar (¿controla?) al Tribunal Supremo por detrás, Manuel Marchena. Y allá que se fue Manuel, dispuesto a hacerse el afoto con una toga, puñetas y birrete de colorines, más primaverales que aquellos con los que acostumbra decorarse. Dispuesto a eso y a impartir doctrina ante un público incondicional.
No he leído su discurso, ni leo el ABC, que me roncho, pero consulté este diario porque publicaba una noticia sobre las miserias de los seguros privados que impiden a los oncólogos prescribir tratamientos caros a los pacientes que sufren cáncer; ahí queda eso, para quienes no quieren sanidad pública. Pero allí me encontré a Marchena, tan guapo, asegurando que “Cuando se aprueban leyes con nombres y apellidos se resiente el Estado democrático” y que “La sociedad no puede sobrevivir sin confiar en los jueces”.
Su primera frase me llevó a la pregunta ¿Y cuando se sentencian barbaridades con nombres y apellidos no se resiente ese Estado democrático? Por ejemplo, la sentencia de Manuel contra Alberto Rodríguez Rodríguez (nombre y apellidos) fue anulada por el Tribunal Constitucional porque Marchena no había valorado adecuadamente las pruebas y vulneró derechos fundamentales.
¿Y sentenciar que Emilio Botín García (sólo dos apellidos, por favor) no podía ser juzgado sólo por empeño de la acusación popular, pero condenar en otra sentencia a Juan María Atutxa Mendiola sólo por empeño de la acusación popular? Esta vez tuvo que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que fallara contra España porque Marchena había vulnerado el derecho a un juicio justo. ¿De esto no se resiente el Estado democrático?
La segunda frase de Manuel, “La sociedad no puede sobrevivir sin confiar en los jueces”, nos indica en cuan alta estima se tiene a sí mismo y a los suyos. ¿Ha contemplado la posibilidad de que la sociedad, o al menos una parte mayoritaria de la misma, pueda sobrevivir sin confiar en jueces como él? ¿Por qué no un “La sociedad no puede sobrevivir sin confiar en las médicas, los panaderos, las científicas, o los agricultores”? Nadie echó de menos a los jueces durante la pandemia
Endiosados, impidiendo que Borbones y Botines puedan ser juzgados, actuando judicialmente contra los desafíos políticos al sistema, agasajados por sus afines, creyéndose imprescindibles para la supervivencia de la sociedad democrática, pero dispuestos a alterar la elección democrática de un diputado
Antonio Cabrera de León
