Antes de ser ministra de sanidad, Mónica García fue conocida como una médica de la sanidad pública comprometida en el movimiento de las Mareas Blancas contra los recortes de la misma. Ello la llevó a ser la cabeza visible de un partido madrileño que se opone al deterioro y la privatización de la sanidad pública en esa Comunidad. Ambas trayectorias le granjearon mi respeto.
Puse entre interrogaciones el mismo cuando me enteré de que la ahora ministra había estado cobrando, indebidamente, una ayuda para familias vulnerables. Creo que se excusó, prometió devolver lo cobrado y la prensa amiga decidió no hacer sangre.

Una vez ministra, sus primeras declaraciones fueron para tranquilizar a la sanidad privada pues, en sus palabras, “no tiene que estar preocupada” con ella como ministra. Aquí reduje mis expectativas sobre su trabajo político en el Ministerio de Sanidad. Va a resultar que cuando la sanidad queda en manos de la derecha el público debe preocuparse pero cuando queda en manos de ¿la izquierda? el empresariado del sector no tiene nada que temer.

Ahora he conocido algunos pasos más de la ministra Mónica que me tienen preocupado a mí, seguramente que con la preocupación que no fue a parar al empresariado. Ha mantenido una primera reunión con las Comunidades llena de contradicciones sobre el consenso o la obligación de la reimplantación de las mascarillas, sin que en estos momentos esté clara la vía legal para reimplantarlas obligatoriamente. Preocupa la evidente falta de previsión sobre un proceso político que implica obligaciones para la población, los sanitarios y las instituciones. Fruto de ello, salvo que se quiera considerar casualidad, ha reemplazado a su directora general de salud pública. La elección de Pedro Gullón para sustituir a la directora cesada parece acertada en lo profesional, pero la dirección política del Ministerio permanece entre interrogantes.

El siguiente paso que le he conocido a doña Mónica ha sido la desconcertante propuesta de las “autobajas” de los pacientes que se sientan enfermos. Con el argumento de la enorme sobrecarga de trabajo que están padeciendo los médicos de familia durante las habituales semanas de epidemia invernal de virus respiratorios, se quiere recomendar a los pacientes que no acudan al centro de salud y se otorguen la baja a sí mismos.

Los médicos de familia, agobiados por su permanente sobrecarga de trabajo, fruto de la descapitalización de las plantillas, pueden sentir alivio si miles de pacientes dejan de acudir a los centros de salud. Pero el alivio debería lograrse aumentando las plantillas, no restringiendo la accesibilidad de los pacientes. El objetivo del Ministerio no puede ser reducir la sobrecarga de los profesionales a coste cero, incrementando los riesgos de salud y los laborales de la población. El autodiagnóstico implicará el autotratamiento y generará riesgos de salud que pueden llegar a ser graves.

Aparte de la salud, en el ámbito laboral quien se autodiagnostique y se coja una “autobaja” perderá la garantía legal de tener un diagnóstico médico. Habrá despidos y tendrá que ser la magistratura la que decida si el o la trabajadora se autodiagnosticó correctamente. Jueces, empresarios y trabajadores dilucidando si hubo enfermedad. Magnífico. La propuesta por doña Mónica se ha implantado en otros países, pero siempre como un recorte de la protección a la salud y los avances sociales. A fin de cuentas fue la derecha la que sustrajo de la sanidad pública una parte importante de los procedimientos de bajas laborales para ponerlos en manos de las mutuas, con gran alegría de la patronal. Esta propuesta va en el mismo sentido.

Quitando unos breves meses durante la República, es la primera vez que la izquierda gobierna el Ministerio de Sanidad. Si va a ser para aplicar las mismas políticas que el PSOE, mejor entregarle el Ministerio. Hoy, de una política de izquierda cabe esperar la derogación de la ley 15/97, la recuperación de la universalidad incluyendo la desaparición de cualquier mutualidad para prestar sanidad pública, la promulgación de una nueva ley general de sanidad, y la equiparación de la inversión en nuestro sistema público de salud a la de los países con los que nos comparamos. Si queremos que los sanitarios españoles tengan unas condiciones de trabajo dignas, el sistema tenga la plantilla necesaria y la tecnología y farmacopea apropiada, necesitamos dedicarle 3 puntos más del PIB. Lo demás es filfa. No podemos seguir invirtiendo el 6,5% mientras otros superan el 10%. Tenemos un importante diferencial fiscal con países como Alemania o Francia que permitiría financiar ese incremento. De la presencia de Mónica, Padilla y Gullón esperaría ver avances en esta dirección. Lo contrario sería un fracaso para la izquierda y una desgracia para la población.
Antonio Cabrera de León