Que la brecha salarial en Canarias respecto de la Unión Europea y del Estado Español es una

injusticia estructural sostenida por un modelo que nos margina, es una realidad difícil de rebatir salvo por quienes tratan de mantener al Archipiélago en una situación de miseria y precariedad estructural indefinida en el tiempo.

Desde el Grupo Canario de Opinión, denunciamos con rotundidad la grave situación salarial que sufre Canarias, que no solo nos coloca a la cola del Estado Español, sino que nos hunde en el furgón de cola de la Unión Europa.

Los datos de la realidad socioeconómica no mienten. La propaganda institucional, sí.

Según el análisis publicado con datos del Instituto Nacional de Estadística y estimaciones para 2025:

Los canarios cobran de media 4.403 euros menos que el resto de españoles.

El salario medio bruto anual estimado en Canarias para 2025 es de 24.994 €, frente a los 29.397 € del conjunto del Estado Español.

Esa diferencia equivale a perder más de una paga y media al año respecto a un trabajador medio de cualquier otra comunidad.

En relación a la media europea (39.377 €), la brecha salarial canaria se dispara a un -36,5% por debajo de la media de la UE.

Incluso ajustado por poder adquisitivo, la diferencia sigue en un 20% menos respecto de la UE.

Esta situación se arrastra desde hace décadas. En los últimos 10 años, Canarias ha sido sistemáticamente una de las tres territorios con menores sueldos.

Mientras todo esto ocurre, se insiste en que “la economía va bien”, que “el turismo tira del empleo” y que “los datos mejoran”. No es cierto.

Canarias no está mejorando; está soportando un modelo económico y jurídico que reproduce la desigualdad estructural.

30 años como RUP: ¿Y los resultados?

Canarias cumple tres décadas bajo el régimen de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea.

Un encaje que se nos vendió como una garantía de convergencia, compensaciones y cohesión.

Pero la realidad es otra: No hay convergencia salarial. No hay convergencia social. No hay modelo productivo diversificado ni sostenible. No hay herramientas jurídicas reales para que Canarias adapte su desarrollo a su realidad específica.

Mientras tanto, la juventud emigra, los trabajadores sobreviven en la precariedad, el acceso a la vivienda se convierte en un lujo y el coste de la vida crece sin control

Ha llegado el momento de abrir el debate – ¿es viable seguir así?

Reclamamos con firmeza que se abra un debate institucional y social riguroso sobre la reconfiguración de la relación de Canarias con la Unión Europea y la necesidad de un marco jurídico nuevo con el Estado Plurinacional Español que de encaje a la realidad Canaria y facilite un verdadero autogobierno real que nos permita legislar acorde a nuestras necesidades.

Una alternativa legal, legítima y viable ya existe: el modelo PTU (Países y Territorios de Ultramar), adoptado por territorios como Groenlandia, la Polinesia Francesa, Aruba o Nueva Caledonia.

Este modelo permitiría a Canarias

Diseñar políticas de residencia y vivienda propias, que pongan fin al saqueo especulativo del suelo.

Definir marcos laborales justos y adaptados, ajustados al contexto insular, fragmentado y ultraperiférico.

Recuperar soberanía fiscal, reguladora y estratégica.

Desarrollar políticas demográficas y migratorias propias.

Redefinir sectores productivos sin estar atados a las prioridades continentales de la UE.

Redefinir, no romper

No se trata de romper con Europa. Se trata de redefinir nuestra relación con inteligencia, ambición y sentido común.

El modelo PTU es cooperativo, legal y plenamente compatible con una vinculación beneficiosa con la UE.

Lo que está en juego es la viabilidad económica, ecológica y social del pueblo canario. Los datos revelan que el camino que seguimos no es el adecuado para nuestra gente.

No valen más parches y autocomplacencia

Quienes gobiernan y gestionan desde Madrid, Bruselas y Canarias han sostenido durante años un modelo que empobrece sistemáticamente a nuestra gente.

Se escudan en cifras macroeconómicas mientras las familias canarias siguen siendo las más empobrecidas del Estado Español y la Unión Europea.

No hay justicia social sin justicia salarial. No hay cohesión europea con territorios condenados a la dependencia.

Canarias necesita un nuevo rumbo, con herramientas reales de autogobierno que estén a la altura de sus desafíos y necesidades.

PEDIMOS:

– La apertura inmediata del debate institucional sobre el cambio de estatus jurídico de Canarias en la UE.

– La constitución de una comisión PARLAMENTARIA abierta a la sociedad canaria que estudie e informe del modelo PTU, país y Territorio de Ultramar, ventajas e inconvenientes reales, no imaginarios para que la sociedad canaria pueda decidir.

– La participación activa de la sociedad civil, los agentes económicos y las universidades en este debate estratégico.

Grupo Canario de Opinión