La Salud Mental como tema transversal en los servicios públicos de salud.
Se requiere implementar en todas las áreas sanitarias y el conjunto de las Zonas Básicas de Salud relacionadas con los Equipos de Atención Primaria y los Equipos Comunitarios de Salud Mental una serie de medidas:
Impulsar la figura de “enfermera de enlace” tanto en Atención Especializada como en Atención Primaria, para la continuidad de cuidados. Garantiza una intervención integral y continuada sobre las diferentes necesidades del usuario y sus cuidadores o red social de apoyo, movilizando los recursos necesarios para tal finalidad.
Mayor inversión en Atención Primaria, nuevos modelos de organización más integrados, mayor autonomía y capacidad de gestión por zonas básicas, estabilidad laboral de los profesionales, refuerzos de sus programas de formación.
Cooperación entre Salud Mental, Servicios Sociales y Cabildos. Se deben establecer objetivos y líneas de cooperación conjunta, creando protocolos que no pueden dejarse a la voluntad del gobernante de turno. El modelo de atención de los cuidados de larga duración debe basarse en la atención domiciliaria con la corresponsabilidad de los servicios sanitarios y sociales públicos. El desarrollo de la ley de Dependencia es más urgente que antes, para quintuplicar la presencia de trabajadores sociales entre la Atención Primaria, los servicios de Salud Mental, Cabildos y Ayuntamientos.
Cooperación entre Salud Mental, Salud Pública y Educación. Resulta fundamental la acción preventiva en niños y adolescentes con síntomas asociados a problemas de conducta o alto nivel de conflicto parental, reclutados en ambientes escolares, así como los programas preventivos dirigidos a los hijos de padres deprimidos con un enfoque familiar. Los programas de prevención específicos para jóvenes con factores de riesgo o síntomas se han mostrado efectivos. Los programas de Atención Temprana deben pilotarse desde la Consejería de Educación con la cooperación de la Consejería de Sanidad. Los programas de gestión de emociones, habilidades interpersonales y sociales y de resolución de problemas, así como la educación afectiva sexual, nos parecen esenciales en una política preventiva que parta desde la propia escuela, no de forma externa, con el apoyo del profesorado y el entorno.
El uso de las nuevas tecnologías en el campo de la Salud Mental y la atención sanitaria, frente a la euforia inicial en el confinamiento, en sus diferentes formas (llamadas telefónicas, aplicaciones móviles, videoconferencias o video llamadas, correos electrónicos, sitios web, mensajes de texto, realidad mixta y software específicos) deben ser limitadas porque no tienen un grado generalizado de aceptación y presentan problemas de inequidad. La teleasistencia es una técnica más, pero nunca debe prevalecer en la actividad asistencial sobre la atención presencial.
En el ámbito laboral del SCS, también se abandona la Salud Mental
Es urgente reforzar los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del SCS, que deberían cuidar a los profesionales de forma que se incluya la Salud Mental y en la actualidad están desmantelados. Lo poco que hay, ocupado del Covid-19 estos últimos años. Los Servicios de Prevención propios, han ido dando paso a las Mutuas, cuya labor es más de fiscalización que preventiva. Los profesionales sufren síndrome del Burnout, trabajan a turnos, 365 días del año, 24 horas al día, con sobrecarga asistencial por los recortes de plantilla, existen situaciones de acoso laboral y de maltrato por parte de pacientes y usuarios que los responsabilizan de cuestiones que competen a la dirección del SCS o al propio gobierno. Además de ello, trabajan cara a cara con el dolor humano. Por lo que reclamamos dotación de profesionales de Prevención de Riesgos Laborales y devolución a lo público de los servicios que han hurtado las mutuas y que incluyan actividad formativa y preventiva en la atención psicosocial de los trabajadores.
Para ello, es necesario el desarrollo de los Comités de Seguridad y Salud con la participación de los representantes de los trabajadores y de los profesionales.
Además, es importante favorecer las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. En la actualidad son nulas en el SCS y más de un 60% vive con la permanente incertidumbre vital que da el abuso de temporalidad y la precariedad en la contratación. Con todo ello, aún no se ha hecho una evaluación de los puestos de trabajo en el Servicio Canario de Salud, desde el punto de vista, no sólo de los riesgos físicos, sino también psicosociales.
Desde Intersindical Canaria afirmamos que, a falta de la adecuada financiación, los servicios sanitarios públicos se encuentran en situación de colapso, no siempre a causa de la pandemia. En gran parte, por el abandono de los sucesivos gobiernos español y canario, ahora en manos del PSOE y Podemos, que, a diferencia de su autodenominación progresista, poco han aportado en un cambio de rumbo que haga de lo público un pilar de equidad social.
Cati Darias Delgado
Coordinadora de Sanidad de Intersindical Canaria
