El reciente anuncio del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la posibilidad de que empresarios —especialmente del sector turístico— puedan utilizar la RIC (Reserva de Inversiones de Canarias) para construir viviendas destinadas supuestamente a “uso residencial” para alojar a empleados traídos de fuera significa el desahucio silencioso de un Pueblo.

Esta decisión confirma una tendencia cada vez más evidente, en Canarias se legisla y se gobierna de espaldas a nuestra gente.

Utilizar una herramienta fiscal como la RIC, diseñada inicialmente para fomentar inversión productiva y diversificación económica, como vía para financiar vivienda privada para trabajadores foráneos bajo el disfraz de “residencial”, es una perversión del espíritu de la norma.

La pregunta que hago es sencilla, – ¿Residencial para quién?

Porque no se trata de una política de vivienda al servicio de las personas canarias que sufren la emergencia habitacional. No se trata de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para quienes llevan años atrapados entre alquileres imposibles y salarios que no dan para vivir. No.

Lo que se plantea aquí es permitir que empresas —muchas de ellas con matriz o intereses en el exterior— puedan construir viviendas, no para la población local, sino para importar trabajadores.

 

Incluso lo ha dicho sin rodeos la patronal de la construcción. Prevén traer al menos inicialmente – a 1.000 – trabajadores foráneos, y dispondrán de viviendas para alojarlos. La idea es incrementar la cifra de trabajadores importados en la cifra que sea necesaria según sus criterios.

 

– ¿Nos extraña que la sobrepoblación existente crezca en Canarias con acciones de este tipo apoyado por el gobierno de Clavijo?

Esto no es desarrollo económico. Es desarraigo planificado.

El Gobierno pretende justificar esta medida bajo el pretexto de que “faltan trabajadores” en el sector turístico y en la construcción.

Pero ¿cómo no van a faltar, si los sueldos son de miseria y el coste de vida —especialmente el acceso a la vivienda— es insostenible para una familia canaria media?

 

El problema no es la falta de mano de obra, sino la falta de condiciones dignas para quienes ya viven aquí.

Incentivar la llegada de personal de fuera sin resolver los desequilibrios estructurales internos es fomentar un modelo excluyente y profundamente injusto.

 

Canarias no necesita más cemento para seguir alimentando un modelo extractivo.

 

Lo que necesita es voluntad política para regular los precios del alquiler, crear un verdadero parque público de vivienda, recuperar suelo para fines sociales y priorizar al residente canario en el acceso a una casa.

Y, por supuesto, una fiscalidad coherente con un modelo económico justo.

La RIC no puede convertirse en una máquina de beneficio fiscal sin retorno social.

 

Utilizar el déficit habitacional para justificar políticas que consolidan la exclusión de la población local es, además de cínico, éticamente reprobable.

Cada metro cuadrado construido con dinero bonificado que no se destine a la ciudadanía de estas islas es una oportunidad perdida para revertir la emergencia habitacional.

 

Es una bofetada a quienes, nacidos o criados aquí, ya no pueden permitirse vivir en su propia tierra.

 

No hablamos de cifras ni de porcentajes. Hablamos de familias rotas, de jóvenes condenados a emigrar, de mayores viviendo en la precariedad.

Hablamos de un pueblo desposeído, una decisión política tras otra. Canarias no puede seguir siendo una tierra para invertir, pero no para vivir.

 

Por una política de vivienda al servicio de la población canaria

 

 

GrupoCanariodeOpinión

 

Ricardo González Roca Fonteneau