Los sindicatos europeos continuarán presionando a Bruselas para que establezca medidas frente a los riegos psicosociales y los trastornos muscoesqueléticos en la sanidad pública. Este fue, entre otros, el acuerdo alcanzado por el Comité Económico y Social Europeo en el primer encuentro del grupo de expertos en seguridad en el trabajo de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), para avanzar en la protección de la salud mental y física de los trabajadores de la sanidad pública.
En palabras de los portavoces reunidos el pasado 23 de abril, recogidas por el digital Redacción Médica, los sistemas sanitarios europeos están funcionando bajo una presión insostenible. La escasez crónica de personal, una población envejecida y la falta de inversión prolongada han creado condiciones laborales insostenibles. Los trabajadores están pagando el precio: a través del agotamiento, el estrés y el tiempo perdido con la familia pero, además, los pacientes también sienten las consecuencias cuando el personal está al límite, precisa el EPSU. Según la federación sindical, las consecuencias a largo plazo de esa problemática si no se toman las medidas necesarias a nivel institucional son: agotamiento, absentismo, alta rotación de personal y una creciente crisis de contratación y retención”. Son “desafíos especialmente agudos, en un sector en el que el 78 por ciento del personal son mujeres.
Además de exigir más fondos públicos para los sistemas sanitarios, más contrataciones para evitar cargas laborales excesivas, un aumento de salarios y unas condiciones de trabajo para retener y atraer recursos humanos, reiteran su reivindicación de que Bruselas dé luz verde a una directiva específica sobre riesgos psicosociales que proteja la salud mental de los profesionales sanitarios.
Los sistemas sanitarios no deberían depender de trabajadores agotados tomando decisiones imposibles. Cada turno prolongado, cada descanso omitido, cada momento familiar perdido es un síntoma de fracaso político”, critica la federación, que, de forma paralela, plantea también la aprobación de una directiva para tratar los trastornos muscoesqueléticos en los servicios públicos “con perspectiva de género”.
