Los comités de empresa de la Consejería en las dos provincias canarias han pedido también el cese fulminante por los mismos motivos de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, y han acusado a ambos altos cargos de gravísima crisis institucional.
El pasado lunes la consejera reconoció un “error” en la información facilitada al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) al haber comunicado que se habían concedido más de 9.000 prestaciones que en realidad no existían. Para los comités, este hecho es un escándalo de dimensiones mayúsculas que compromete no solo la fiabilidad del sistema canario de dependencia, sino también la confianza institucional a nivel estatal.
¿Cómo se puede justificar un desajuste de tal magnitud? ¿No ha sido esta misma Consejería la que presumía de una supuesta modernización digital para la gestión de la dependencia? ¿No fue ese dato erróneo utilizado por el presidente Clavijo como éxito de gestión en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad? ¿Dónde queda la responsabilidad política ante un error tan evidente como inaceptable?, se preguntan los comités.
