Para Intersindical Canaria – Salud, los presupuestos del Gobierno para el año 2026 vuelven a castigar al personal sanitario de las instituciones dependientes del Servicio Canario de Salud (SCS). Lejos de corregir los recortes históricos sufridos, el texto consolida un modelo de austeridad selectiva que continúa penalizando a quienes sostienen la sanidad pública canaria con su esfuerzo diario.
Pese a un incremento de las cifras sanitarias, estas cuentas no priorizan a las plantillas, sino que repite las políticas que condenan a los centros sanitarios a la precariedad estructural y a la sobrecarga asistencial.
Resulta inaceptable que, mientras se incrementan los recursos destinados a conciertos sanitarios privados y a campañas publicitarias, no se destine ni un euro adicional a reparar los derechos vulnerados del personal del SCS, que mantienen el escenario de los recortes de 2012.
El gobierno de Canarias mantiene la detracción parcial de la paga extra del personal del SCS, que supone un agravio comparativo con el resto del personal de la Administración Pública. Además, mantiene la Penalización económica por incapacidad temporal en los incentivos (IT)
También el presupuesto consolida los descuentos en el complemento de productividad (Incentivos), durante los periodos de IT, perpetuando una medida que castiga la enfermedad de los trabajadores, contrariamente a reconocer las duras condiciones de exposición y estrés bajo las que trabaja el personal del SCS.
Este Anteproyecto de Ley, vuelve a aplazar, ahora hasta el año 2028, la convergencia salarial comprometida para llevar las retribuciones del personal del SCS al promedio de las comunidades mejor retribuidas del Estado, para mejorar las actuales y paupérrimas retribuciones.
En esta interminable sucesión de agravios, el Anteproyecto vuelve a bloquear el aumento de las cuantías destinadas a Acción Social para los trabajadores, perpetuando vetando cualquier posibilidad de mejora en becas, ayudas familiares y prestaciones.
Este gobierno de la derecha, ha decidido dar la espalda a la negociación colectiva, rechazando las propuestas sindicales y bloqueando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan directamente a sus condiciones de vida y trabajo.
El Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 no son unos presupuestos para la recuperación de la sanidad pública, como garante para que la ciudadanía vea reconocido su derecho fundamental a la salud, sino contra sus trabajadores, que son quienes lo hacen posible. Consolidar los recortes, negar derechos y prolongar la injusticia salarial es incompatible con el discurso de mejora del sistema sanitario.
Intersindical Canaria no acepta esta política de “tierra quemada” sobre el Servicio Público detrayendo recursos en Infraestructuras, Medios Materiales y Recursos Humanos, ni que se siga castigando al personal de todos los grupos profesionales mientras se desvían hemorragias de dinero público hacia la sanidad privada. Promoveremos todas las acciones reivindicativas necesarias —jurídicas, sindicales y sociales— para defender el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos, así como la dignidad, la justicia y la igualdad retributiva de las y los trabajadores del Servicio Canario de la Salud.
