El Gobierno aprobó recientemente el Proyecto de Ley de impulso a los planes privados de pensiones de empresa con el fin de complementar las pensiones públicas.

Con esta Ley, el Gobierno pretende abrir la puerta a la privatización del Sistema Público de Pensiones actual, condición impuesta por La Comisión Europea a cambio de recibir los fondos del plan de recuperación tras la pandemia de Covid-19: un chantaje.

Se contradice esta decisión con el hecho de que el Gobierno y la Comisión del Pacto de Toledo aseguraron que el sistema público de pensiones actual es sostenible y viable al reconocer que se habían realizado gastos indebidos con cargo a la Seguridad Social, nada menos que 23.000 millones de euros al año. Por lo tanto no es necesaria esta ley. Lo que se necesita es fortalecer aún más el Sistema Público de Pensiones y asegurar unas pensiones dignas, adecuadas y periódicamente revalorizadas, como se señala en el artículo 50 de la Constitución.

¿Qué significa esta Ley de semiprivatización del Sistema Público de Pensiones? Es posible que a quienes somos ya pensionistas esta Ley nos llegue a afectar por reducir los ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones sociales y a Hacienda por desgravaciones fiscales. Pero tenemos el convencimiento que sí que pondrá en peligro el futuro de las Pensione Públicas. Por lo tanto es, o debería ser, tarea primordial de todos los sindicatos, como representantes de trabajadores y trabajadoras, pensionistas del mañana, oponerse rotundamente a esta ley, tanto más, cuanto que se pretende llevar a la práctica de forma casi obligatoria a través de los convenios colectivos.

 ¿Por qué pensamos que es negativa y perjudicial esta Ley de impulsar los planes privados de empresa o empleo?  

El Sistema Público de Pensiones es un sistema de reparto, de solidaridad entre generaciones, quienes están en activo financian las pensiones con sus cotizaciones; es solidario entre territorios; garantiza unas prestaciones mínimas y es de prestación definida hasta el fallecimiento. El sistema privado es individualista, depende de las aportaciones que cada persona haya podido hacer en su vida laboral y tiene una prestación indefinida, no garantizada.

La privatización de los servicios públicos tiene como fin obtener beneficios al capital invertido antes que la calidad y la universalidad garantizada a toda la ciudadanía y por tanto, reducencostes, sobre todo de personal,las prestaciones se recortan y se incrementa la desigualdad social.Lo estamos viendo a diario con la Sanidad Pública.

Está previsto que disminuyan las cotizaciones sociales que financian las pensiones públicas y la caja común de la Tesorería de la Seguridad Social para quitar gastos a las empresas. A cambio ofrecen planes privados que les salen más baratos.

En consecuencia con lo anterior, las pensiones públicas disminuirán tarde o temprano, y se convertirán en raquíticas pensiones asistenciales. Sólo quien haya tenido buenos salarios y haber aportado una gran cantidad de dinero a los fondos privados, tendrá la posibilidad de alcanzar una pensión suficiente.

Los fondos privados de pensiones, que son fondos de inversión y especulación en las bolsas de valores, podrán ser rentableso no, dependiendo de la volatilidad y comportamiento de los mercados financieros.

Esos fondos privados de pensiones estarán impulsados con dinero público a través delas exenciones fiscales y posibles aportaciones del Estado al inicio y, continuadamente, un tanto por ciento de contribución a esos planes de empresa. En consecuencia, habrá menos recaudación de Hacienda para financiar los servicios públicos como la sanidad.

Las comisiones de control y seguimiento, previstas en esta Ley para la gestión y administración de los fondos privados, no garantizan buenos resultados. El ejemplo lo tenemos en la comisión de control de la “hucha de las pensiones”, el fondo de reserva de la Seguridad Social. No sirvió para evitar su vaciamiento.

Tratan de envolver esta Ley con declaraciones de lo “maravillosa, moderna y necesaria” que es. Pero no dicen que existe en la propia Ley de Seguridad Social en sus artículos 43 y 238, la posibilidad legal de aumentar de forma voluntaria las cotizaciones sociales y la cuantía de la pensión pública sin tener que crear fondos privados dentro del Sistema Público.

Nos quieren imponer unos planes privados de pensiones que hasta ahora, tanto los particulares ofrecidos por bancos y aseguradoras, como los de empresa, han resultado un fiasco. Pero donde hay patrón (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comisión Europea) no manda marinero (Gobiernos del Pueblo democráticamente elegidos) y ahora tenemos que tragar con abrir la puerta a la privatización del último servicio público del Estado del Bienestar sin privatizar porque las corporaciones financieras no habían conseguido aún hincarle el diente, a pesar de las campañas de miedo y de incertidumbre que vienen haciendo desde hace 30 años.

Hacemos un llamamiento a toda la población, a trabajadores y trabajadoras y los sindicatos que les representan, a hacer una oposición rotunda a este intento del Gobierno para privatizar el Sistema Público de Pensiones.

 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN