El gobierno y su Consejería de Bienestar Social no se dan por vencidos y dan un paso más hacia el desmantelamiento, cargando de inoperatividad a un servicio vital para los 31.672 dependientes canarios aun en espera, a los que hay que sumar otros 2.489 que murieron durante el pasado año sin haber recibido ayuda alguna.

Al contrario de corregir o dimitir, la nefasta consejera Candelaria Delgado y su colaboradora, Concepción Ramírez, persisten en poner a los pies de los caballos a las personas dependientes y sus familiares con la imposición de normas que aumentan el bloqueo la actividad de los trabajadores de los servicios de la Consejería y ponen más trabas y dificultan el acceso de los peticionarios a las ayudas públicas que, legalmente, les corresponden.

Pareciese que el gobierno canario pretende rebajar la presión de solicitantes mediante la fórmula de que estos tras una larga espera, fallezcan sin ser atendidos.

Así, los Colegios de Trabajo Social de las dos provincias vuelven ahora a levantar su voz expresando su profunda preocupación ante la entrada en vigor del polémico Decreto de Dependencia. Bajo el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención, al no compensar los problemas estructurales de base que suponen la falta de personal y de gestión de calidad. Lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia, advierten, esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales.

Además, los Trabajadores Sociales señalan que el nuevo decreto, que elimina el informe social, tampoco contempla la incorporación del anunciado ‘informe de entorno’. De tal forma, no se puede hablar de protección si desaparece la mirada profesional, social y contextual.

Para suma de errores, -afirman los Colegios de Trabajo Social- los datos solicitados por la Consejería a los peticionarios, entre otros inconvenientes plantea serias dudas sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad de la información personal que consultará el Gobierno de Canarias.