Este 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, bajo la iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental, en la que participan más de 100 naciones, se conmemora bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, invitando a la colaboración personal e institucional para mejorar tanto la atención como la aceptación social.
Pero tristemente, la dinámica, tanto desde el punto de vista socioeconómico como asistencial en lo que a la salud mental se refiere, tanto en el Servicio Canario de Salud como en el conjunto del País Canario, siguen siendo la asignatura pendiente.
Más allá de propagandísticos actos de inauguración y operaciones de maquillaje, donde el gobierno de Canarias y su consejería de sanidad dicen “Poner a las personas en el centro” al tiempo que escenifican documentalmente fallidos progra-mas como + Atención Primaria, el Plan de Salud Mental o el Plan de lucha contra las Adicciones, que nunca llegan a ver la luz por falta de dotación presupuestaria, lo cierto es que someten a brutales recortes tanto en infraestructuras como en personal a los recursos a la atención a la salud mental de las personas sin excepciones.
Sea Atención Temprana, Infanto-Juvenil, Adulta, Geriátrica, Atención Aguda o a la Cronicidad; tanto el tratamiento como la prevención y la postvención, llegan tarde cuando llegan, condenando a los usuarios y pacientes a una suerte de exclusión social y empeoramiento de sus dolencias que conducen a un deterioro muchas veces irrecuperable.
Es más, con estos servicios bajo mínimos y conocida la situación económica y social de Canarias, con los mayores ni-veles de pobreza, podemos afirmar que las cada vez más elevadas cifras en cuanto a la mala salud mental de la ciudadanía, están siendo objeto de un abordaje incorrecto. Recientemente, se quejaba la patronal del elevadísimo índice de bajas labora-les por motivos de salud mental en Canarias. No es para menos. Problemas derivados de un modelo neocolonial de desarrollo basado en el extractivismo por explotación de un modelo turístico de masas, que destruye el medioambiente y la biodiversidad, deja salarios de miseria, gentrifica y limita el acceso a la vivienda, es el caldo de cultivo perfecto para el deterioro también de la salud mental, donde se dispara el consumo de ansiolíticos que son prescritos como primera opción o a través de la automedicación.
Con ello, Canarias padece la más alta morbilidad psíquica respecto a la media del conjunto del estado, altas comorbilidades con drogodependencias y tasas de suicidio superiores.
A pesar de los contundentes datos, el Plan de Salud Mental (2019-2023), nace sin o con escasísima financiación. Las cantidades asignadas tanto a Atención Temprana, como al Plan de Adicciones resultan paupérrimas. La contratación de profesionales ha quedado reducida a la mitad y los usuarios, sufren listas de espera o ven interrumpida y retrasada la frecuencia de sus tratamientos por falta de profesionales. Las ratios de profesionales, a la cola del estado español, y las plazas para la dependencia no se han actualizado acorde al crecimiento poblacional de los últimos años. Faltan Psicólogos y Enfermeras en Educación y en Atención Primaria y en los Servicios Especializados de Salud faltan Psiquiatras, Psicólogos Clínicos, Psiquitras, Psicólogos y Enfermeros Especialistas en formación, Trabajadores Sociales, Logopedas y Terapeutas Ocupacionales. Además, no hay infraestructuras adecuadas ni a nivel comunitario ni en los Servicios de Urgencias a nivel general en el con-junto del Servicio Canario de Salud.
Así, la población sufre y a veces paga con su vida los efectos de una falta de financiación crónica en materia sanitaria, también en lo relativo a la Salud Mental, pero, además padece la errática y desprofesionalizada gestión donde hay que resaltar el absoluto abandono de ciudadanos y profesionales que aplica el gobierno de Canarias a través del escaparate de su consejería de sanidad (CC).
