Con el consabido 100% de servicios mínimos, herramienta usualmente utilizada por el gobierno de Canarias para romper las huelgas, los trabajadores de la empresa pública, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias comenzaron el pasado 25 de agosto su anunciada huelga, planteada entre otros motivos por la intención del Ejecutivo de separar las diferentes actividades hasta ahora desarrolladas por el GSC.
De tal forma el servicio de Urgencias Canarias, mantendría su actual dependencia vinculada a la Consejería de Sanidad, pero el personal perteneciente a Emergencias, CECOES 112, pasaría a ser dirigida, exclusivamente, por la empresa pública GESPLAN, siendo dirigida por la Consejería de Política Territorial
El proyecto de fraccionar este servicio público ha sido realizado a espaldas de los 300 trabajadores que conforman la actual plantilla, algo ya usual en las decisiones tomadas por el Gobierno y la consejera sanitaria de Coalición Canaria, Esther Monzón, ahora junto a su compañero de gallinero ideológico, el consejero de Política Territorial.
El ambiente laboral, además, ya venía enrarecido de antemano por ciertas deficiencias de plantilla e incumplimiento de algunos derechos laborales de los trabajadores
Sea como fuese, el Comité de empresa resalta que, además de grandes emergencias, el 1-1-2 tiene que gestionar otro tipo de emergencias tales como accidentes, personas que pueden caer al mar, incendios de vivienda, paradas cardio respiratorias en vía pública, peleas, robos, etc. Y ese tipo de llamadas que es el 95 de todas, se van a ver afectadas porque quieren potenciar las grandes emergencias por el cambio climático. Los trabajadores entienden que, ciertamente, se debe abordar el calentamiento global, pero se cree un equipo para trabajar en ello, sin necesidad de romper el 112.
Los trabajadores precisan que hay que reforzar y potenciar el 112, pero también, fortalecer y empezar a trabajar en un equipo disciplinado en grandes emergencias.
