La huelga de abogados de la administración de Justicia, continúa haciendo estragos entre los trabajadores de Canarias, lugar en la que el grado de litigio es superior y los asalariados parten de una situación de mayor vulnerabilidad con una patronal mayoritariamente despótica, con peores salarios y condiciones laborales y un mayor nivel de economía sumergida. Ello lleva a muchas personas a optar como único recurso a los juzgados de lo Social para hacer valer sus derechos, bien de carácter estrictamente laboral o para regularizar su situación dentro de la Seguridad Social.

El número de juicios suspendidos en Canarias que afectan a esos trabajadores se acercan ya a unos 2.800. Una circunstancia ésta a la que hay que sumar los retrasos producidos anteriormente por la reciente pandemia. La situación de muchos asalariados se convierte en dramática, principalmente por la falta de recursos económicos.

Por ahora, la primera reacción colectiva se ha producido desde la abogacía de Gran Canaria, quien en un escrito firmado por unos 150 letrados, piden soluciones al conflicto, texto que la Federación de Salud de INTERSINDICAL CANARIA reproduce a continuación en su totalidad:

Las abogadas y abogados de Las Palmas identificados al pie de este escrito, nos dirigimos a esa Junta de Gobierno a fin de ponerles de manifiesto lo siguiente: 

  1. Más de 1.500 letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tras mes y medio en situación de huelga, han demostrado su firme intención de mantenerla el tiempo necesario hasta obtener un acuerdo, prolongándola indefinidamente caso de no alcanzarse.
  2. La falta de acuerdo está provocando un gravísimo perjuicio, cada vez más teñido de irreparable, del derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva y a contar con un sistema público que persiga una justicia efectiva y accesible, defensora de los derechos en el marco de la presente desigualdad social.
  3. A día de hoy se ha llegado a las 371.000 demandas pendientes de reparto. Los juicios y vistas suspendidos alcanzan los 311.500. Hay ya 6.000 millones de euros consignados en los Juzgados paralizados en su abono a sus destinatarios.
  4. El Ministerio de Justicia adquirió unos compromisos con este colectivo en abril de 2022. Es un hecho no controvertido reconocido por ambas partes, que estos acuerdos tras más de un año, no han sido cumplidos. Y que de cumplirse lo que tanto esfuerzo costó pactar en aquella fecha, el conflicto se resolvería de inmediato.
  5. El Ministerio de Justicia culpabiliza de su incumplimiento al Ministerio de Hacienda.
  6. Y ante todo ello, la escasez y pereza en convocar las necesaria reuniones de negociación, insistiendo en la habitual técnica de cancelar a la otra parte en conflicto, se denota como agresión al derecho constitucional de promoción mediante el trabajo y a la negociación colectiva.
  7. El Gobierno afirma que los LAJ reclaman una subida salarial de 1.100€ para cada uno de sus miembros. Y los LAJ responden que jamás se podrá encontrar esa propuesta en ninguna reclamación formulada por el colectivo ni en los Acuerdos de Abril de 2022. Los LAJ insisten en que no existe ninguna línea roja por su parte en esa cantidad. Es obvio que en los grandes conflictos, la verdad es la primera damnificada. No obstante ello, los LAJ muestran los pactos y los números y el Ministerio de Justicia la excusa de que Hacienda es la que no quiere. 
  8. Embarcarse en la lucha por la justicia salarial, utilizando el legítimo instrumento de la huelga, a fin de conseguir que se remunere de manera equitativa y satisfactoria a todos los trabajadores dentro de una organización, de forma que estos satisfagan sus necesidades y las de su familia a la vez que perciben que sus esfuerzos y habilidades son compensados adecuadamente, es algo que redunda de manera decisiva en la conquista de la justicia social y del progreso de la sociedad.
  9. Han sido muy escasas reuniones para trabajar en el acuerdo. Si el objetivo del Ministerio es humillar a los LAJ, debe tener muy presente que “la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”, como dijera Friedrich Nietzsche. Si el colectivo LAJ sale ultrajado, vejado o burlado de este conflicto, no hace falta mucha imaginación para pensar en el desmoralizado ambiente de trabajo y en consecuencia el derrumbe de eficiencia y productividad que se habría provocado en los Juzgados.
  10. Que se negocie con intensidad y lealtad, con transparencia en lo que se pide y en lo que se está dispuesto a aceptar, cuantificando hasta el último detalle,  es la única vía de resolver este grave conflicto. 
  11. Consideramos una buena propuesta para avanzar, la que se extiende como la pólvora por los foros de los operadores jurídicos: que el Gobierno convoque inmediatamente la mesa de negociación, con presencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con presencia en calidad de observadores/mediadores de representantes de las organizaciones sindicales y patronales, las asociaciones de jueces y magistrados y fiscales y de las organizaciones colegiales de abogados y procuradores. Y que estas reuniones no se levanten hasta que se logre el acuerdo.