El pasado domingo 25 de mayo, precisamente una semana después de que lo hiciesen los canarios para forzar al gobierno autonómico a que pare el saqueo de las islas, y con igual número de asistentes, 100 mil madrileños se manifestaron desde la Gran Vía para exigir la salvación de la Sanidad Pública (“Salvemos la Sanidad Pública” fue el lema).
La iniciativa, tomada principalmente por el movimiento vecinal y sindical, ha sido la reacción ante el deterioro que, al igual que en Canarias, continúa teniendo en el servicio público madrileño de Salud mediante la implantación de un letal programa de debilitamiento de la Sanidad pública auspiciado por el gobierno autonómico del Partido Popular liderado por la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso. Aunque no fue el motivo central de la convocatoria, durante la protesta estuvo presente el recuerdo a los 7.291 mil mayores fallecidos en las residencias de comunidad madrileña sin recibir atención hospitalaria durante todo el tiempo que duró la pandemia.
La derogación de las leyes que promueven la privatización, además de no dejar a ningún centro de salud sin médico, ningún niño sin pediatra y ningún hospital sin recursos, fueron reclamaciones insistentemente planteadas por los manifestantes. A ellas se unieron, aumentar la financiación de lo público, dotar a ambulatorios u hospitales de nuevo personal ante la demanda asistencial, desbloquear las urgencias, acortar las listas de espera o mejorar las condiciones laborales para los sanitarios.
