La solicitud de jubilación anticipada ha pasado a ser una de las reivindicaciones más insistentemente reclamadas por el personal sanitario. De hecho, más de cien mil firmas de sanitarios -muchas de ellas procedentes de Canarias- y especialmente de personal de enfermería, se han hecho llegar al actual gobierno español de
Pedro Sánchez para que, de una vez por
todas, active los mecanismos para el reconocimiento de la jubilación anticipada sin penalización mediante la aplicación de coeficientes reductores, atendiendo a factores como la penosidad, la peligrosidad, la realización de turnos y guardias…tal como ya se ha hecho con otros colectivos profesionales (mineros, bomberos, policías, artistas…) ello en virtud de la Ley de La Seguridad Social
Esta norma prevé que la edad mínima exigida para tener derecho a jubilación pueda ser rebajada en aquellas actividades profesionales que sean de naturaleza «excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre» y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad, requisitos que se dan con creces en los profesionales sanitarios.
Actualmente, las posiciones del actual gobierno han sido contradictorias. Mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez afirma que la jubilación anticipada para los sanitarios está en estudio, el gobierno, en consejo de ministros, aprueba su último decreto en el que incorpora nuevos colectivos laborales que pueden acogerse a esta modalidad de jubilación, y VUELVE A EXCLUIR A LOS SANITARIOS. Es decir, pese a las promesas de los gobiernos de turno y falsos reconocimientos antes y durante la pandemia, los sanitarios continuamos sufriendo un altísimo desgaste personal, o nos jugamos la vida, y seguimos siendo la carne de cañón de los diferentes servicios públicos.
Todo apunta, por tanto, a que la jubilación anticipada tendrá que incluirse en una de las principales exigencias en las diferentes tareas reivindicativas que se observan en la sanidad pública del Estado. Especialmente en el país canario en el que todos los indicadores lo señalan como el territorio de más desgaste laboral en razón a su desproporcionada ratio entre trabajadores sanitarios por número de camas y usuarios de la sanidad pública.
