Para confirmar el indeseable escarnio con el que carga Canarias de continuar liderando la peor situación en calidad y oferta de servicios públicos, nuestras siete islas también ocupan el peor lugar en el número de plazas disponibles destinadas a residencias para mayores. Ello supone un déficit de unas 10 mil plazas que demandan los dependientes del Archipiélago. Los sucesivos gobiernos con plaza en Canarias, asumen ya con naturalidad que su gestión sea la que peor trato continúe dando a la dependencia.
En del conjunto del Estado español, la COESPE recuerda que cada verano se repite el mismo guion: temperaturas extremas, cuidados cronometrados y residencias de mayores al borde del colapso. Lo que debería ser un lugar de descanso digno para quienes han construido nuestras sociedades se convierte en un escenario de abandono estructural, donde trabajadoras exhaustas y personas mayores vulnerables pagan el precio de un sistema que prioriza los balances financieros sobre los cuidados. Los testimonios recogidos por en diferentes comunidades revelan una verdad incómoda que las administraciones prefieren no mirar de frente: ratios de personal insuficiente, infraestructuras obsoletas y ausencia total de planes específicos para afrontar la ola de calor que ya sofoca a la mayor parte del país. ¿Cómo es posible que ocho comunidades autónomas sigan sin dar explicaciones sobre las medidas adoptadas? El silencio administrativo también es una forma de negligencia. La precariedad laboral se ha convertido en el pilar invisible del sistema residencial.
Las trabajadoras -porque sí, en su mayoría son mujeres- cargan con turnos extenuantes, sueldos bajos y condiciones indignas, aún más difíciles durante las vacaciones, cuando muchas plantillas quedan bajo mínimos. La privatización del sector no ha hecho sino profundizar esta dinámica: menos inversión pública, más presión para rentabilizar cada cama, cada minuto, cada gesto de cuidado. Y todo esto se agrava por un dato revelador: de las 5.542 residencias existentes en España, solo 1.435 son públicas, lo que representa apenas el 26% del total. Frente a esta escasez de centros públicos, 4.107 residencias están en manos privadas, inaccesibles por su alto coste para las clases populares. No solo no se invierte en actualizar las infraestructuras actuales, sino que no se están construyendo nuevas residencias públicas, lo cual impide garantizar un acceso universal y digno a los cuidados. Un dato que no solo revela la desproporción, sino el abandono institucional de un modelo público imprescindible. 8 plena crisis climática, las altas temperaturas no son una anécdota estival, sino una amenaza real para la salud de las personas mayores. Y, aun así, son pocas las residencias que cuentan con infraestructuras adaptadas o con un plan de actuación claro ante las olas de calor. ¿Es aceptable que uno de los colectivos más vulnerables enfrente cada verano estas condiciones como si fueran inevitables? La falta de respuesta institucional no es fruto de la sorpresa, sino de una tolerancia peligrosa e inaceptable. Las autoridades lo saben: el propio Ministerio de Derechos Sociales admite la precariedad estructural del sistema de cuidados. Pero mientras se promete una mejora futura, el presente se sigue escribiendo en clave de urgencia.
La Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones denuncia que cada día que pasa sin actuar es una oportunidad perdida para construir un modelo residencial centrado en el cuidado, digno, justo y adaptado al siglo XXI. Uno que reconozca el valor de sus trabajadoras y el derecho de las personas mayores a una vida sin miedo, sin calor extremo, sin abandono. Porque cuidar no puede ser una carga, debe ser un acto de justicia social, concluye la denuncia de la COESPE.
